UGT Servicios Públicos en Córdoba ha destacado este martes que han sido "más de 60 vehículos" los que han recorrido este día en caravana la capital cordobesa para reclamar a la empresa adjudicataria del servicio provincial de ambulancias "que aplique el convenio" del sector del transporte sanitario, mientras que a la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, ante cuya sede ha concluido dicha caravana, le han demandado que exija a la adjudicataria que cumpla el convenio y el pliego por el que se le adjudicó el servicio.
Según ha informado el sindicato en una nota, la citada caravana, que para UGT ha sido "histórica" y "un rotundo éxito", ha recorrido buena parte del centro de la ciudad, tras su salida desde el Polígono Industrial de la Torrecilla, pasando por el Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Plaza de Colón y Avenida de la Libertad, para concluir en República Argentina, a las puertas de la Delegación de Salud.
Han sido más de 60 coches, con carteles en los que se podían leer mensajes como 'La Junta paga 62 millones de euros a una empresa que no cumple el convenio', 'No queremos que ninguna persona enferma tenga que esperar seis horas a una ambulancia', 'Sin convenio no hay acuerdo' o 'Consejería de Salud, garantiza un servicio sanitario de calidad y exige el cumplimiento de la licitación', pasando así "ante cientos de ciudadanos que se acercaban a los coches cuando éstos paraban para preguntar el motivo de la manifestación y, en algunos casos, han aplaudido al paso de los vehículos".
Al inicio de la marcha, el secretario provincial de UGT Servicios Públicos en Córdoba, Isaías Ortega, ha criticado "la cerrazón de la empresa, que se niega a cumplir los términos de una licitación que firmó y aceptó, y por la que la Junta le paga 62 millones de euros por cuatro años de su servicio".
A ello se suma, según ha lamentado el sindicalista, la "pasividad y ninguneo de la Delegación de Salud, que permite este maltrato a unos trabajadores que, aún estando en nómina de una empresa privada, son empleados de lo público", consintiendo también la Junta "el maltrato a un servicio de primera necesidad para aquellas personas que más necesitan de la atención urgente sanitaria, y todo con dinero público, de todos los cordobeses".
Por su parte, el delegado de UGT SP en la empresa adjudicataria, Enrique Pérez, ha señalado "la grave situación que están padeciendo los trabajadores de la empresa, a quiénes se obliga a cumplir turnos de 48 horas, algo fuera de convenio", lo cual provoca "estrés" a personas que pasan "muchas horas conduciendo" y soportando "las precarias condiciones de sus nóminas, al no cobrar ningún complemento, ni horas extra, y ni siquiera poder disfrutar del aumento del 2,75 por ciento que, según el convenio, la empresa debería de haber aplicado en las nóminas desde enero".
A esto se une "que las ambulancias que se envían en algunos casos no disponen de soporte básico, sólo asiste el conductor de la misma, que se encuentra bajo una enorme presión", lo que "provoca, no sólo una enorme bajada en la calidad asistencial, sino una situación que supones un peligro para la salud de usuarios y trabajadores del servicio de ambulancias".
Por todos estos motivos, UGT ya ha anunciado una huelga general en la empresa a partir del próximo 22 de marzo, aunque el día anterior está prevista una reunión en el ámbito del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla), si bien desde el sindicato han recordado que la empresa "no se ha presentado al anterior" encuentro convocado en el Sercla.
