VEGA DEL GUADALQUIVIR

UGT denuncia el incumplimiento del convenio en Ayuda a Domicilio en Palma del Río y exige la implicación del Ayuntamiento y la Junta

Manifestación en palma del Río por la ayuda a domicilio FOTO UGT
Ayer tuvo lugar una marcha y concentración con la participación de más de 250 personas por las calles del municipio

UGT Servicio Públicos (UGT SP) Córdoba participó de la marcha y concentró ayer, junto con el resto de sindicatos con representación en el Comité de Empresa de Óbolo, que presta el servicio de Ayuda a Domicilio gracias a una licitación firmada con el Ayuntamiento de Palma del Río y pagada a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía con dinero público, para protestar por la situación que están viviendo las trabajadoras de este servicio en el municipio. Más de 250 personas salieron a la calle para protestar por la situación que atraviesan estas trabajadoras.

Desde UGT SP Córdoba, mayoritaria en la representación de trabajadoras de Ayuda a Domicilio en la provincia, la secretaria de Salud y Servicios Sociosanitarios, Mari Carmen Heredia, denunció "el incumplimiento reiterado por parte de la empresa del convenio colectivo, con ataques a los derechos de estas trabajadoras como la firma de contratos con más horas de las que finalmente se trabajan para pagar menos de lo que corresponde, jornadas partidas sin reconocimiento del tiempo intermedio o, cada mes, errores incomprensibles en las nóminas con retrasos, diferencias en los pagos a trabajadoras".

Manifestación en palma del Río por la ayuda a domicilio FOTO UGT

La secretaria ugetista lamentó que esta situación se dé "en un servicio que, aunque gestionado por una empresa privada, lo hace a través de un concurso público y una adjudicación por la Administración que se paga con dinero público, de todos, mientras se desentiende ante este tipo de abusos a personas de las que depende el cuidado esencial de las personas más vulnerables de nuestra sociedad".

Heredia señaló que los incumplimientos "van más allá de lo meramente perceptible, encontrándonos con trabajadoras que no reciben ni la copia legal de su contrato, algo que les crea una inseguridad e indefensión total, o que son llamadas para atender de forma inmediata servicios no previstos sin aviso previo ni compensación por ello, la pérdida de los festivos que caen en día libre mientras la seguridad cae a extremos con la no entrega de EPIs adecuados o el envío de dos auxiliares al mismo domicilio en el mismo turno mientras que otras veces no se manda a ninguno, mientras que la empresa, cuando llaman las personas usuarias se escudan en que ha sido una equivocación y no pasa nada".

Manifestación en palma del Río por la ayuda a domicilio FOTO UGT

Desde UGT SP Córdoba exigen "el pleno cumplimiento del convenio colectivo, así como el respeto íntegro a los derechos de estas personas trabajadoras, así como condiciones de trabajo dignas, estables y seguras". Mari Carmen Heredia pidió la implicación del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía en exigir el cumplimiento del convenio y de los derechos laborales a la empresa Obolo y aseguró que "estamos hartas de que en nuestra provincia se sucedan estos hechos en empresas que licitaron este servicio y que los Ayuntamientos contrataron como las más adecuadas, firmando una licitación que no exigen que se cumpla, afectando directamente a los derechos laborales de estas personas trabajadoras y su dignidad, olvidando que son hacedoras con su esfuerzo del cuidado de nuestros mayores, de personas dependientes con las que la sociedad tiene un compromiso y una obligación de cuidarlos".

Finalmente, Heredia instó a la empresa y a las administraciones a "llegar a un acuerdo de cumplimiento y, en el caso de que este no pudiera cumplirse, finalizar la licitación imponiendo a la nueva empresa que se hiciera cargo del servicio la obligatoriedad de hacerlo o, en caso contrario, asumir el servicio público de Ayuda a Domicilio desde el propio Ayuntamiento", algo que, aseguró, "sería la opción más correcta y justa, ya que hablamos de un servicio público esencial y hablamos de dinero público que no debe perderse en intermediarios o en empresas con un ánimo de lucro en torno a los servicios de cuidados de personas vulnerables, algo éticamente reprobable".