El sindicato UGT ha criticado a través de un comunicado "la indefinición del texto que se pretende aprobar en pleno sobre la innovación del PGOU referente a regular en el uso industrial la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo", lo que crea "una inseguridad jurídica importante para el futuro de Cosmos".
UGT ha querido denunciad la situación "a la que nos puede abocar el acuerdo que se pretende llevar a pleno en el día de mañana, que no es otro que un acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo que pretende regular en el uso industrial la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo".
Según el secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, “este acuerdo, en principio, no crea una oposición por nuestra parte, el problema que vemos es que no dice de manera expresa que esta medida no se aplicara de forma retroactiva tanto en la innovación como en la suspensión de licencias, siendo así solo para instalaciones de nueva creación”. Según Palomares, aunque constitucionalmente no se pueda aplicar la mencionada retroactividad, "esta situación puede propiciar una inseguridad jurídica al no quedar este extremo expresado de forma nítida y clara en el mencionado acuerdo, pudiendo en base a esa indefinición crearse un periodo de litigiosidad con el único objetivo de ralentizar el funcionamiento de esta cementera e instaurarle un ambiente innecesariamente incómodo, el cual llevaría a una situación de gran incertidumbre en cuanto a la continuidad de esta fábrica".
Por todo ello, UGT exige en su comunicado que "aparezca de manera clara en el mencionado acuerdo la no retroactividad del mismo, ya que de no ser así, se puede interpretar que se está en la búsqueda de un nuevo escenario de confrontación, dejando evidenciado el acoso inmisericorde hacia este centro de trabajo".
La postura empresarial
Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, ha advertido este lunes de que "no se pueden cambiar las reglas del juego en mitad del partido", por parte del Ayuntamiento de Córdoba en relación con el futuro de la cementera Cosmos, ya que ello creará un "efecto rechazo" hacia Córdoba en otras industrias a la hora de plantearse su posible instalación en esta ciudad.
En declaraciones a Europa Press, Díaz ha opinado así respecto a que el orden del día del Pleno municipal de este martes incluya el dictamen de la Comisión Permanente de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente con el fin de "aprobar inicialmente la innovación del PGOU, para regular en el uso industrial la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo", que afectará directamente a la actividad de Cosmos y que causa en CECO "la máxima preocupación".
Ello se debe, según ha explicado Díaz, a que medidas como ésta pueden perjudicar a la imagen de Córdoba "como ciudad para invertir y para implantación de empresas", razón por la que, en el caso concreto de la cementera, CECO se ha mostrado "completamente en desacuerdo con las decisiones municipales" y, por contra, está "completamente de acuerdo con los derechos adquiridos que tiene la empresa Cosmos".
Habla Ciudadanos
Finalmente, el portavoz de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha informado este lunes de que su grupo municipal ha presentado un recurso de alzada contra la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la instrucción de la Gerencia de Urbanismo (GMU) sobre declaraciones responsables.
En una nota, el concejal ha asegurado que "el gerente de la GMU se ha extralimitado publicando en el BOP una instrucción interna de dudosa validez legal y sin adaptar a la normativa actual", al tiempo que ha lamentado "su actuación", a la vez que le reclama que "cumpla lo establecido en los informes de los habilitados nacionales".
En relación a la instrucción 1/2016, Dorado ha explicado que "el contenido de dicha instrucción regula procedimientos que afectan a la actividad urbanística de los ciudadanos en la implantación de actividades económicas, y desde la GMU no pueden defender que se trata de una instrucción dirigida a la organización administrativa interna de la Gerencia, por lo que se debe redactar una ordenanza".
Además, el edil de la formación naranja ha defendido que "es el pleno el órgano competente para su aprobación", por lo que considera que "desde la comisión de licencias no se puede hacer, y esta le ha usurpado la competencia al Pleno municipal".
