Stop Desahucios lamenta que Vox use en una moción suya el término 'inquiocupación' sin validez jurídica

Ante la moción que presentará mañana, jueves, en el Pleno municipal el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba "contra la inquiocupación", desde el. movimiento 15M Stop Desahucios Córdoba se ha querido denunciará través de un comunicado público, "la utilización de un concepto falso, inexistente en la Ley, que sólo busca generar miedo y criminalizar la pobreza".

Según la plataforma social, el término 'inquiocupación' no aparece en ninguna Ley nacional ni en el Código Penal. De hecho, el PP del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha visto obligado a eliminar esa palabra del borrador de su propuesta de Ley de Vivienda, al reconocer que carece de validez jurídica y podría inducir a error.

Se trata de una invención mediática reaccionaria que mezcla dos realidades distintas: La ocupación ilegal de viviendas (ya penada por la Ley) y el impago de alquileres, que es un conflicto civil regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos. "Usar ese término de forma intencionada es mentir a la ciudadanía y sembrar alarma social".

Vox pretende criminalizar a las familias inquilinas

Con esta moción, la ultraderecha pretende equiparar a familias que atraviesan dificultades económicas con delincuentes. Detrás de su discurso de "defensa de la propiedad" se esconde "una estrategia de estigmatización" contra quienes sufren los efectos de la precariedad, los alquileres abusivos y la falta de vivienda pública. "Dejar de pagar el alquiler no convierte a nadie en okupa", señalan desde Stop Desahucios.

Por tanto, la propuesta de Vox no aporta soluciones reales a los problemas de vivienda en Córdoba. "No propone más vivienda pública, no refuerza los servicios municipales de mediación, no ofrece ayudas al alquiler ni a los pequeños propietarios, y excluye deliberadamente el derecho constitucional a una vivienda digna (artículo 47 CE), al tiempo que invoca de forma sesgada el derecho a la propiedad privada (artículo 33 CE)", abunda en su comunicado la plataforma.

Los datos desmontan el discurso alarmista

Según los datos del Ministerio del Interior, los casos de ocupación ilegal en España no superan el 0,1% del parque de viviendas, y la inmensa mayoría afectan a inmuebles vacíos de bancos o fondos buitre. La supuesta 'inquiocupación' no tiene registro alguno, porque no existe como figura legal.

Desde Stop Desahucios se reclama que el Ayuntamiento de Córdoba centre sus esfuerzos en políticas públicas reales: Reforzar los servicios de mediación, impulsar vivienda pública, ampliar ayudas al alquiler, volver a poner en marcha la oficina municipal en defensa de la vivienda y "lanzar campañas informativas basadas en datos, no en bulos".

"Defendemos un modelo de ciudad donde el derecho a la propiedad no sirva para vulnerar el derecho a la vivienda digna. La convivencia se construye con justicia social, empatía y soluciones reales, no con discursos de odio", señala la nota.

Para el colectivo social, garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible es, en realidad, la mejor política contra la ocupación. Así, la inmensa mayoría de las personas que ocupan una vivienda no lo hacen por voluntad, sino por necesidad, porque no tienen otra alternativa y se enfrentan a la exclusión o a dormir en la calle. "Por eso, insistimos: La respuesta no puede ser la criminalización, sino la justicia social, la prevención y la garantía de derechos".