La Plataforma Stop Desahucios ha visibilizado esta mañana, ante las oficinas centrales de cajasur, la situación de cuatro familias cordobesas que se encuentran en proceso de lanzamiento de sus viviendas, además de ser víctimas de "malas prácticas, abusos, acoso y la falta de información de los bancos, los fondos buitres y las gestoras de recobro de deudas y gestoras de inmuebles", según ha denunciado Rocío López, portavoz de la Plataforma.
De esas cuatro familias, dos estaban en el interior del banco pidiendo un negociador para encontrar alternativa habitacional en su caso, y dos fuera de la mano del activista Rafael Blázquez, ya que todavía tienen una relación con Cajasur, mientras que las otras dos han permanecido fuera, porque en su caso la entidad bancaria ha vendido la hipoteca a un fondo buitre, Promontoria Lezama, o a gestoras de recobro de deuda, como son Finsolutia y Axactor, que "acosan a estas familias y son miles de familias las que padecen este tipo de comportamientos en el país", ha advertido.
Según López, "algo muy grave que mucha gente desconoce hasta que la vida se les tuerce, es que se encuentran con que su préstamo hipotecario ya no es propiedad de su banco, porque éste sin decírselo, y esto es ilegal, se lo ha vendido a otro banco o a un fondo buitre". Es una primera actitud denunciable por parte de las entidades bancarias, porque "la interlocución se ve rota y supone una impotencia enorme para las familias".
El problema viene a continuación, cuando los fondos buitres usan métodos más expeditivo y agresivos para cobrar esa deuda y acaban contratando a las gestoras de recobros de deuda que "empeora aún más el comportamiento con la familia, a base de amenazas, llamadas intempestivas a cualquier hora, incluso de madrugada, o visitas de día y noche con todo tipo de amenazas y trato ofensivo e insultante".
En definitiva, y en palabras de Rocío Lopez, "los tratan como a delincuentes y sólo son personas a las que se les tuerce la vida un día, no pudieron pagar el préstamo porque se quedaron parados; algo que nos puede pasar a cualquiera". En su opinión detrás late un fondo de aporofobia (odio a la pobreza) "tanto en el trato que dan los bancos a las familias como el trato que dan los medios de comunicación a las familias", y se trata de un "mensaje que, por desgracia, ha calado hondo en la sociedad".
La Plataforma ha advertido que se está dando un repunte en todo el país con este tipo de situaciones y actitudes y, de hecho, España, es uno de los países de la UE que "están en peor situación en esta materia". Es más, "desde la Unión Europe se nos están dando numerosos toques para que revierta la situación, pero no se hace nada".
Rosa Soria, una de las familias afectadas, ha comentado que tenían un negocio dentro del sector de la construcción que con la crisis inmobiliaria quebró. "De un día para otro, teníamos una deuda de 240.000 euros que no podíamos afrontar, y por el miedo y las amenazas, y estando mal asesorados pedimos un préstamo a Cajasur, que se nos concedió estando los dos en paro". Su única demanda es que se facilite una alternativa de negocio, porque su intención es pagar esa deuda, pero a ser posible de una manera factible.
De otro lado, el caso de Charo Buendía viene de largo. de hace 15 años, y, aunque parecía que se había finalmente resuelto, su banco se ha quitado de encima el problema, sin avisarles, vendiendo su hipoteca a un fondo buitre de modo que en breve serían lanzados de su casa. En su caso las amenazas se han traducido en que “nos decían que cuando llegáramos a casa iban a estar allí con los nuevos dueños del piso, y cuando les he llegado a decir que se estaban pasando me echaron en cara con que tengo la piel muy fina y que cuando tenía derrochaba y ahora evito pagar, y eso es mentira".
