Los diputados socialistas María Jesús Serrano y Antonio Hurtado han afirmado esta mañana que “el Gobierno de España está en funciones, pero no lo están ni el Parlamento ni el Grupo Parlamentario Socialista” y prueba de ello es que esta semana se han registrado diez nuevas iniciativas en el Congreso “que son el reflejo de los compromisos electorales del PSOE y muestran la hoja de ruta para el gobierno del cambio”.
En materia de derechos civiles, en las propuestas registradas el PSOE reclama la derogación de la ‘Ley Mordaza’, la derogación del artículo 315 del Código Penal para impedir que los sindicalistas que participan en huelgas y en piquetes informativos sean encarcelados y la recuperación de la nacionalidad por parte de los hijos y nietos de españoles que viven en el extranjero.
En relación a los derechos sociales, los socialistas han pedido la reactivación de la Ley de Dependencia que en “Andalucía se ha demostrado que es posible mantener este servicio y lo hace sosteniendo a pulmón casi el 80 por ciento de la financiación del mismo, superando con creces el porcentaje que le corresponde, todo ello porque el objetivo del PP es dejar morir esta ley por inanición”, ha afirmado Serrano.
Serrano ha recordado que en nuestra provincia se atiende a alrededor de 20.300 dependientes, que originan 45.000 puestos de trabajo, para lo que “la Junta de Andalucía invirtió el pasado año más de 130 millones de euros”.
Igualmente, Serrano ha explicado la iniciativa de igualdad salarial que se basa en la propuesta que el PSOE presentó en la anterior legislatura y en las propuestas de conciliación del programa electoral como son “aumentar el permiso de paternidad puesto en marcha por los socialistas y hacerlo intransferible entre el hombre y la mujer, un bonus para todas la mujeres por hijo, que repercutirá en las pensiones, y una prestación no contributiva para todas las mujeres, además de las medidas de teletrabajo, horarios racionales y la educación de 0 a 3 años”.
Por otra parte, el diputado Antonio Hurtado ha señalado que “la Ley de Segunda Oportunidad que incluirá que a los avalistas de los préstamos hipotecarios no se les pueda ejecutar la hipoteca y se les desaloje de su vivienda habitual, que se eliminen las cláusulas abusivas de los contratos con entidades bancarias o que se tomen medidas para evitar las ejecuciones hipotecarias en caso de que haya menores viviendo en esos domicilios”.
En la provincia de Córdoba, durante la última legislatura, se llevaron a cabo 4.485 ejecuciones hipotecarias –más de 3 ejecuciones hipotecarias al día, en los cuatro últimos años–, lo que hace que el PSOE considere necesario que “se cree una oficina antidesahucios a nivel estatal y que se prohíba que se embarguen las prestaciones por desempleo de aquellas personas que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca”, ha afirmado Hurtado.
