Los sindicatos advierten de "un aumento alarmante" de agresiones a funcionarios en la Prisión

Los sindicatos CCOO, APFP, Acaip-UGT, USO y CSIF han expresado este viernes su "profunda y enorme preocupación" y han criticado la "grave" situación que se vive en el Centro Penitenciario de Alcolea en Córdoba, donde "en tan solo una semana, se han producido tres agresiones a funcionarios, incidentes que, de manera incomprensible, algunos son calificados como 'leves', a pesar de la violencia ejercida, incluyendo intentos de estrangulamiento".

Según han informado los sindicatos CCOO, APFP, Acaip-UGT y USO en una nota, "resulta inaceptable que los internos responsables de estas agresiones no sean trasladados a otros centros, obligando a los trabajadores a seguir desempeñando sus funciones bajo la constante amenaza e insultos de quienes ya los han atacado".

Al respecto, han detallado que el último incidente tuvo lugar en la tarde de este jueves durante el reparto de medicación en el módulo de aislamiento, cuando "un interno comenzó a proferir insultos y provocaciones, llegando incluso a arrancar el pomo de la ventana". "Tras varios intentos fallidos de calmarlo, y por orden del jefe de Servicios, se procedió a su aislamiento provisional", han apuntado.

Durante el traslado de celda, han agregado, "el interno reaccionó violentamente, propinando patadas y puñetazos a los funcionarios", a la vez que "tres trabajadores resultaron heridos, entre ellos el propio jefe de Servicios, quienes requirieron atención hospitalaria". Ante ello, les han deseado "una pronta y completa recuperación".

Así, han manifestado que "esta escalada de violencia confirma que la prisión se ha convertido en un polvorín, resultado de la explosión de tensiones que llevamos tiempo advirtiendo". "Denunciamos el buenismo de la administración penitenciaria, que, en su afán por manipular estadísticas, clasifican a internos con graves problemas de inadaptación o enfermedades mentales en un régimen de vida ordinario", han dicho.

De este modo, han insistido en "el sentimiento de impunidad que manifiestan los internos, quienes son conscientes de la laxitud del régimen disciplinario aplicado", al tiempo que han destacado que desde el pasado domingo, la plantilla ha iniciado protestas mediante pitadas durante el relevo de noche para "visibilizar su malestar y hacer llegar la crítica situación a la subdelegada del Gobierno", a quien han solicitado "una reunión urgente".

El próximo miércoles se celebrará una reunión extraordinaria con la Dirección del Centro, en la que esperan que, "por fin, se adopten las medidas necesarias antes de tener que lamentar consecuencias aún más graves". "De no obtener respuestas satisfactorias, nos veremos obligados a convocar movilizaciones", han avisado, al tiempo que han exigido "medidas urgentes para garantizar la seguridad de los trabajadores penitenciarios".

"Enorme preocupación"

Por su parte, desde CSIF han informado del nuevo incidente "violento" en la prisión de Alcolea, el tercero que ocurre en el centro penitenciario en un plazo de diez días, unos hechos que condenan "firmemente". La central sindical se ha hecho eco de "la enorme preocupación existente entre la plantilla por la concatenación de tantos episodios de este tipo que se han registrado en un espacio de tiempo tan reducido".

En una nota, el sindicato ha señalado que el último de estos incidentes tuvo lugar a última hora de la tarde de este jueves en el Departamento de Aislamiento del establecimiento por parte de un interno, "que fue uno de los que intervino en las peleas se produjeron el día 23 de abril y que está considerado como muy peligroso por los numerosos antecedentes de gravedad que acumula".

En concreto, CSIF Prisiones Córdoba ha detallado que "el recluso se encontraba profiriendo insultos y amenazas a los funcionarios y al personal sanitario que se encontraban presentes en ese momento". "Poco después, cuando se procedía al cambio de celda por el destrozo que había causado en la que había estado anteriormente se encaró con uno de los profesionales penitenciarios y empezó a golpear con patadas y cabezazos a los trabajadores que se encontraban allí, causándoles múltiples contusiones", han precisado.

Por este motivo, han explicado que "tuvieron que ser atendidos de sus lesiones de diversa gravedad en la enfermería de la prisión y, posteriormente, fueron trasladados a un hospital de la capital".

Como consecuencia, CSIF ha vuelto a exigir "el traslado inmediato de este interno a otro centro penitenciario, una petición que ya se hizo cuando ocurrieron las citadas peleas del 23 de abril, pero la dirección del establecimiento hizo caso omiso".

Consideran que "esta sucesión de episodios violentos es fruto de la dejadez de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de la dirección del establecimiento", al mismo tiempo que han reclamado "una vez más que los trabajadores de las cárceles sean considerados agentes de la autoridad, que se nos dote de medios adecuados para afrontar estas situaciones tan peligrosas y formación adecuada y continuada para toda la plantilla, entre otras medidas", ha defendido la central sindical.

Encuentro CSIF-PP

Por otro lado, los diputados nacionales del PP por Córdoba, Isabel Prieto y Bartolomé Madrid, junto a la senadora Lorena Guerra, han mantenido un encuentro con la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, para abordar la situación que se vive en las cárceles españolas y más concretamente en la prisión de Córdoba, "donde existe un aumento de las agresiones a funcionarios y un deterioro de la seguridad".

Según ha explicado el PP en una nota, "una de las demandas de esta central sindical es el reconocimiento como agentes de la autoridad e incluir los principios de veracidad e indemnidad, además de ofrecer la cobertura jurídica necesaria".

Asimismo, ven "necesario contar con un nuevo protocolo contra agresiones en las cárceles, más recursos materiales y humanos, nueva catalogación de las infracciones disciplinarias, entre otras demandas".

Los representantes de los cordobeses en las Cortes Generales se han comprometido a trasladar esta situación a las comisiones de Interior en ambas Cámaras y a reclamar al Gobierno de España "normativas, medios y recursos para que estos funcionarios puedan desarrollar su trabajo con todas las garantías de seguridad".