EMPLEO

El Sercla registra 68 solicitudes de mediación en Córdoba en el primer semestre

Se han presentado un total de 40 expedientes en la provincia dentro del marco colectivo, representando a 345 empresas y a más de 44.000 trabajadores
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El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha recibido entre enero y junio de este año 68 solicitudes de mediación en conflictos laborales en Córdoba, siendo la mayoría de los expedientes presentados (59 por ciento) de ámbito colectivo, mientras que el resto ha sido a nivel individual.

Así, según ha informado la Administración autonómica, Se han presentado un total de 40 expedientes en la provincia dentro del marco colectivo, representando a 345 empresas y a más de 44.000 trabajadores. Más del 72 por ciento han logrado tramitarse de manera efectiva y, de éstos, el 34,48 por ciento se ha resuelto con avenencia, porcentaje ligeramente superior al de la media andaluza, situado en el 33,54 por ciento.

A este respecto, el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Ángel Herrador, ha explicado que "el Sercla se ha demostrado como una herramienta útil para la resolución de diferencias en el entorno de trabajo, buscando generar consenso y debate sin necesidad de recurrir a soluciones impuestas", pues, "solucionar conflictos laborales, canalizar discusiones y desacuerdos, evitar la necesidad de acudir a la justicia, y promover la paz social y el desarrollo económico son sus principales funciones".

El responsable territorial ha especificado que entre las principales motivaciones para acudir a este servicio están "la aplicación e interpretación de convenios y la modificación de las condiciones de trabajo".

De la totalidad de informes presentados, 32 han sido previos a la vía judicial y siete con anterioridad a la convocatoria de huelga. Por sectores afectados, actividades administrativas y servicios auxiliares fue la que más expedientes concentró, seguida de la industria manufacturera y transporte-almacenamiento.

En cuanto al ámbito funcional de los conflictos, la empresa centraliza la mayoría de los casos con 32, por tan solo ocho expedientes presentados por sectores. La iniciativa de optar por el Sercla para resolver las diferencias entre las partes ha surgido en todos los casos de los sindicatos.

Por su parte, los conflictos laborales presentados de carácter individual han sido 28, con administración y comercio como los principales sectores de los expedientes presentados. De este total, el 82 por ciento se ha tramitado de manera efectiva y el 39 por ciento de ellos ha sido con avenencia. La principal motivación para utilizar este servicio ha sido en este caso el régimen disciplinario, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo o la clasificación profesional.

TRAMITACIÓN 'ON LINE'

Por otra parte, hay que destacar que el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), que gestiona el Sercla, inició en marzo del pasado año un sistema de mediación 'on line' que se ha extendido a todas las provincias, y que incluso ya está propiciando la firma de convenios colectivos negociados por completo por videoconferencia, como el de Covirán el pasado mes de mayo.

Este sistema, que se aplicó de forma pionera en Andalucía, se aplicó de forma general desde el mes de octubre del pasado año en todos los conflictos, ya que el CARL acordó priorizar la actuaciones telemáticas y las mediaciones online mientras persista la crisis sanitaria, quedando limitada al carácter de excepcional las actuaciones y mediaciones que exijan presencialidad, y siempre que ello fuera posible conforme a las reglas de aforo máximo de cada sede y siguiendo las recomendaciones en cada momento de las autoridades sanitarias.

Andalucía cuenta desde 1999 con el Sercla, nacido de la mano del CARL, organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, del que forman parte las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la comunidad autónoma. Este sistema se crea con un triple objetivo: evitar la judicialización excesiva de la conflictividad laboral, favorecer la autonomía colectiva y sus medios propios de solución.