El Juzgado de lo Contencioso Nº 5 de Córdoba ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a abonar los importes correspondientes a las vacaciones no disfrutadas por un trabajador del Hospital Universitario Reina Sofía que, tras pasar a jubilación total debido a un proceso de incapacidad por enfermedad común, no pudo disfrutar sus vacaciones correspondientes al año 2015 y parte del 2016.
El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, explica que el trabajador tramitó a través de los Servicios Jurídicos del sindicato la solicitud de abono de las retribuciones no percibidas por las vacaciones no disfrutadas pero el hospital le denegó esta solicitud “con argumentos vanos y obviando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo”.
Ahora, el Juzgado de lo Contencioso ha dado la razón al trabajador, “una víctima más de una práctica sistemática del centro hospitalario cordobés que es denegar los derechos de sus profesionales, a pesar de estar reconocidos por varios pronunciamientos judiciales”, denuncia Damas para quien es “inadmisible que las trabajadoras y trabajadores, para ejercer sus derechos, tengan que llevar sus casos a los tribunales y soportar un proceso farragoso administrativamente y de consideración económica para que se les abone unas retribuciones insignificantes para el SAS”.
El responsable sindical critica que “la tónica habitual del Hospital Reina Sofía es judicializar todos los asuntos que conllevan derechos retributivos porque para el SAS es más fácil y rentable denegar las solicitudes de sus profesionales y obligarles a entrar en un proceso contencioso-administrativo largo, complicado administrativamente y, en la mayoría de los casos, con costes económicos para los demandantes”.
Desde CCOO se hace un llamamiento a la Dirección-General del Hospital Reina Sofía para que cese en su actitud de judicializar los asuntos que ya han sido reconocidos a sus profesionales por los tribunales de Justicia y, por otra parte, para que no se despilfarre dinero público en estos asuntos que, además, conllevan el colapso de los tribunales y el que se alarguen otros procesos judiciales.
