Para viviendas de alquileres sociales

El PP acusa a los antiguos responsables de Vimcorsa de firmar convenios de forma irregular

Salvador Fuentes avanza que los informes jurídicos están estudiando los efectos de esta situación y que se va a revisar por completo la "política de alquileres y la demagogia barata del anterior gobierno del Ayuntamiento"
Las dos mujeres acampadas ante el Ayuntamiento por su mala situación habitacional
photo_camera Las dos mujeres acampadas ante el Ayuntamiento por su mala situación habitacional FOTO: RAFA ALCAIDE

Un informe del el Departamento de Servicios Generales de Vimcorsa, encargado por el actual concejal de Hacienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Vivienda, Salvador Fuentes (PP), ha determinado que a finales del pasado mandato la entonces presidenta de esa empresa pública, Alba Doblas (IU), y el gerente, Rafael Ibáñez, firmaron sendos convenios con Caixabank y Buildingcenter, por un lado, y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb), por otro, sin que pasaran por la fiscalización de la Intervención Municipal ni contaran con informe alguno de técnicos de la empresa o municipales, además de no contar con un expediente previo que acreditase su adecuación de derecho y sin acuerdo del Consejo de Administración de Vimcorsa.

Ambos convenios, del 28 de junio de 2018 con Caixabank y del 17 de mayo de 2019, próximo a celebrarse las elecciones municipales, el de la Sareb, eran para que esas sociedades cedieran en usufructo a Vimcorsa una serie de inmuebles por los cuales la empresa abonaba una cantidad mensual de  75 euros en el primer caso y de 125 en el segundo. El caso es que, según Fuentes, de las 21 viviendas cedidas por Caixaban había "bastantes que estaban ocupadas ilegalmente), mientras que de las 17 de la Sareb "sólo tres estaba disponibles".

Drama humano

El problema real de todo esto, aparte del drama humano que se esconde detrás de estas familias necesitadas, según Fuentes, es que "todo se ha hecho de espaldas a todos los mecanismos de control administrativos existentes y de espaldas a las decisiones que se tienen que tomar en consejo de la empresa y de la Junta del Gobierno Local". O lo que es lo mismo "son una ilegalidad manifiesta y esquivando al consejo rector de la empresa".

Y es que el Consejo de Administración de Vimcorsa aprobó en 2015 un programa marco para la gestión de viviendas vacías puestas a disposición de la sociedad, en el que se exige, con carácter previo a la firma de cualquier convenio, una serie de trámites preceptivos, entre ellos los informes oportunos, "cuestión que aquí nos ha cumplido".

Fuentes ha explicado que se enteró de la situación cuando tanto Caixabank como la SAREB contactaron con él para decirle que no se habían abonado las cantidades de los convenios, si bien el concejal popular ya ha adelantado que no se van a abonar porque todo indica que "son convenios nulos de pleno derecho, que se han firmado en un barbecho, sin formas ni procedimientos ni requisitos por ley, y alguien tendrá que dar explicaciones al respecto".

Para Fuentes, Alba Doblas no es la representante legal del Ayuntamiento, aunque fuera la presidenta de Vimcorsa, y se firmaron con cláusulas "muy revisables y mejorables para defender los intereses de Vimcorsa".

Efectos jurídicos

Ahora, según el edil del PP, el jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento está estudiando qué posibles efectos tiene el hecho de haber permitido a personas que vivan en viviendas alquiladas sin garantía jurídicas, y aclarar la duda legal de quién tiene realmente las competencias para acordar convenios como éste, si el Ayuntamiento o Vimcorsa.

Por lo pronto, Fuentes, que se niega en redondo a echar a los inquilinos de esas casas, aunque habrá que revisar caso por caso la situación de esas familias, ha conseguido que tanto Caixabank como la Sareb hayan accedido a darle al Ayuntamiento un plazo de unos 20 días, suficientes como para revisar los convenios, montar el expediente con un informe de fiscalización y tratar de buscar una salida para regularizar el problema. Entre tanto, las dos entidades van a retener la deuda y no van a lanzar a nadie a la calle.

Eso sí, Fuentes ha señalado que las declaraciones de esta mañana de Pedro García y Amparo Pernichi en rueda de prensa exigiendo al alcalde, José María Bellido, que aclarara las acusaciones de una organización civil que había usado un convenio público y municipal para delinquir permitiendo la ocupación ilegal de viviendas "han sido muy precipitadas y poco prudentes".

A cambio ha señalado que la entonces presidenta de Vimcorsa y su gerente van a tener que "responder política y jurídicamente" de este asunto, además de que se va "a revisar toda la política de alquileres y la demagogia barata del anterior gobierno del Ayuntamiento", entre otras cuestiones porque algunas de esas viviendas están, además en "condiciones preocupantes y las clausuras se pueden revisar a favor de Vimcorsa". Son, en palabras suyas, "políticas de alquileres fallidas, y a las pruebas me remito con la acampada que hay abajo", en alusión a las dos mujeres que protestan desde ayer a las puertas del Consistorio por su mala situación habitacional.