El empresario y ex concejal del partido que él mismo fundó Unión Cordobesista (UCOR) ha negado en la primera sesión del juicio donde se le imputa la comisión de hasta 11 delitos contra la Hacienda Pública su participación en los hechos que ha asegurado por activa y por pasiva desconocer.
"Yo no tengo ni idea". "Ni sé de lo que se está hablando porque realmente no lo entiendo". Estas han sido algunas de sus respuestas a preguntas de su abogado, Severino Martínez, ya que se ha negado a contestar a la Abogacía del Estado ni al Ministerio Fiscal que pide para él penas que suman hasta 44 años de cárcel.
Tras hora y media de cuestiones previas, donde el juez del juzgado de lo Penal número 3 de la capital, Miguel Ángel Pareja, ha desestimado las impugnaciones periciales y prescripción de delitos con respecto a uno de los años investigados, la vista ha comenzado con la declaración del carismático empresario cordobés que ha dicho que "yo no sé ni leer ni escribir, yo tenía a personas de plena confianza en la oficina, no tengo ni idea".
Su defensa se ha basado en el argumento del desconocimiento total de los aspectos económicos de su entramado empresarial - constructoras, negocios sanitarios, la propiedad del parque de atracciones Tívoli, entre otras- Gómez ha llegado a decirle al juez que "no sé ni lo que es el IRPF".
A pesar de sus declaraciones exculpatorias, el Ministerio Fiscal solicita para Gómez penas que suman 44 años de cárcel por la comisión de 11 delitos contra la Hacienda Pública, entre ellos, relativos al Impuesto de Patrimonio, Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) así como evasión de tributos a la Agencia Tributaria, un total que ascendería a 70 millones de euros.
En la sesión de hoy, también han declarado cuatro hijos del empresario dedicados al negocio empresarial que han negado también estar al corriente de las obligaciones fiscales del grupo de empresas familiar amparándose en que ellos se dedicaban solo su cometido en la empresa y que confiaban en los documentos que firmaban y en las gestiones notariales a las que asistían.
Asimismo, a pesar de que los cuatro eran miembros del consejo de administración del entramado familiar, han asegurado que no asistían a las reuniones a pesar de ser consejeros, que no sabían los beneficios que tenían a final de año, ni los plazos en los que había que dar cuenta de la fiscalización.
También han negado ambos la retirada de ninguna cantidad en efectivo de la empresa y han reiterado a las preguntas de las partes que cobraban sus sueldos, que oscilaban entre 3.500 y 5.000 euros dependiendo del mes.
El Ministerio Fiscal pide para cada uno de los 4 hijos 22 años de cárcel por considerarlos responsables de participar en hasta 8 delitos económicos que habrían contribuido a la evasión de hasta 70 millones de euros, el mayor delito económico investigado en Córdoba hasta la fecha.
Por último, aunque no como acusada, la propia mujer de Rafael Gómez se ha sentado en el banquillo porque podría ser responsable civil subsidiaria de la participación a título lucrativo de las cantidades que su marido y sus hijos pudieran haber defraudado al Fisco.
El próximo miércoles será el turno de los testigos, entre ellos, el responsable de la contabilidad y el de la administración del conglomerado con sede en las oficinas de Arenal 2000 de la capital, pruebas que durarán hasta el viernes; el 23 de enero tendrán lugar las declaraciones de los peritos para comenzar las conclusiones de las partes el día 26.
