Tras la primera reunión, celebrada esta mañana, del consejo de administración de Sadeco, el Grupo Municipal Socialista (GMS) quiere lamentar la ausencia y la participación de la ciudadanía y de los agentes económicos y sociales en la composición de dicho consejo, así como del resto de empresas municipales.
En esta nueva etapa impuesta por el nuevo Gobierno municipal, el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) queda solamente con voz, pero no con voto, mientras que los sindicatos no tendrán presencia alguna.
Según el consejero y concejal socialista, José Rojas, con la nueva composición de los órganos de gestión de las empresas municipales "se pone de manifiesto la escasa importancia que el nuevo equipo de gobierno otorga a los representantes de la ciudadanía y a los sindicatos; un escenario radicalmente contrario al que presidió el anterior mandato, en el que las voces de los agentes sociales y del movimiento ciudadano siempre estuvieron presentes en todas las empresas públicas".
Los poderes del gerente
El Grupo Municipal Socialista tampoco comparte los poderes otorgados a la figura del gerente, permitiéndole un límite de gasto muy superior al del anterior mandato, así como en competencias en recursos humanos.
Desde el Grupo Municipal Socialista "queremos manifestar la necesidad de la participación ciudadana y vecinal en base al Reglamento de Participación Ciudadana, que en su premisa de favorecer y permitir la participación, no limita que los órganos gestores de cada empresa municipal cuenten con la participación, del movimiento ciudadano".
La excusa utilizada por el nuevo equipo de Gobierno para dejar a los sindicatos fuera de los consejos de administración de las empresas públicas, es que antes había menos partidos políticos y ahora hay más. Desde el Grupo Municipal Socialista, "entendemos que los sindicatos tienen mucho que aportar a la sociedad cordobesa como hasta ahora lo han venido demostrando, por lo que se entiende su exclusión de las empresas de todos los cordobeses".
Igualmente, el PSOE dice apostar por una gestión participada en las empresas públicas, así como un proceso de gestión con una directriz democrática, abierta y de transparencia en sus órganos de gestión.
