El portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso y de la Comisión de Presupuestos, Antonio Hurtado, ha exigido hoy al Gobierno que realice una profunda investigación sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) después de conocer el informe de la auditoría realizada por la Intervención General del Estado al organismo en 2014.
Hurtado señaló que el informe recoge graves irregularidades, como por ejemplo, que los ingresos que figuran no coinciden con los ingresos contabilizados por la gestión del agua y por los regadíos, lo que significa que “no sabemos la recaudación real de la CHG”. Tampoco cuadran los procedimientos de contratación con los contratos aportados y, además, se utilizaron procedimientos de emergencia para 39 contratos, “contrataciones a dedo” por una cuantía de alrededor de 27 millones de euros, entre ellos, contratos de compra de vestuario, de arreglo de aire acondicionado o de servicios de seguridad, cuando el procedimiento de emergencia sólo se debe utilizar en caso de catástrofe o seguridad nacional, explicó el parlamentario socialista.
El patrimonio de la CHG, que supera los 500 millones de euros, no está inventariado y ni siquiera se ha incorporado al inventario el traspaso de la Junta en 2011. La relación de acreedores no está detallada e incluso figuran como pendientes pagos teóricamente prescritos.
Tampoco se cumple con la exigencia de la valoración de la gestión de la propia Confederación. “No se definen objetivos, no se aplican indicadores y no se hace valoración sobre la gestión de la propia Confederación”, remarcó Hurtado quien hizo hincapié en que “es necesario que el Gobierno adopte medidas inmediatas y que se asuman las responsabilidades que se tengan que asumir por parte de los gestores”.
Estas irregularidades ya han sido denunciadas por el PSOE ante el Tribunal de Cuentas para que fiscalice desde 2011 hasta hoy las contrataciones de la CHG, unas irregularidades que coinciden también con otras actuaciones judiciales, como la que ha abierto un Juzgado de Sevilla por el sobre coste de la Breña I.
Por ello, “exigimos que el Gobierno adopte medidas” ante “un informe desfavorable, tan amplio, tan diverso y conclusiones tan graves, requiere una actuación inmediata por parte del Gobierno y exigir responsabilidades administrativas y penales”.
Cuartel de la Guardia Civil
Por otra parte, Hurtado anunció que ningún diputado del PSOE acudiría a la colocación de la primera piedra del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Priego de Córdoba porque es “un acto electoral”.
Según Hurtado, sólo ha habido una adjudicación provisional de la obra pero las otras empresas que concurrieron al concurso no han recibido notificación para poder recurrir, por lo que no se puede hacer definitiva la adjudicación. Si no hay adjudicación, no se ha podido efectuar el contrato de la obra, ni se ha publicado en el BOE, ni hay acta de replanteo, ni se puede solicitar la licencia de obra. Por tanto, “es un acto electoralista saltándose a la torera todas las exigencias y queriendo hacer publicidad de algo que en estos momentos no se debería hacer”.
