POLÍTICA LOCAL

El PSOE defiende la gestión pública del servicio de Ayuda a Domicilio con más de 5.000 personas usuarias

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya FOTO PSOE
Alicia Moya: "Tanto usuarios como trabajadoras reclaman reformas y denuncian deficiencias del sistema"

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha defendido este viernes la gestión pública del servicio de Ayuda a Domicilio en la capital, donde se contabilizan más de 5.000 personas usuarias del servicio que "necesitan de ayuda para alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer lo más plenamente posible sus derechos".

En una rueda de prensa, Moya ha indicado que "este apoyo lo obtienen gracias al sistema de ayuda a la Dependencia, pero que quien lo hace efectivo son las más de 2.000 trabajadoras que día a día acuden a su trabajo".

"Desde hace mucho tiempo venimos denunciando los fallos que este sistema tiene creado en el año 2007, debido al incremento exponencial de personas que tienen derecho al reconocimiento de la dependencia, de los cuales miles de ellos siguen a día de hoy esperando, y a la falta de voluntad del PP de revisar y actualizar en profundidad un sistema que pronto alcanzará los 20 años", ha explicado la edil, para argumentar que "tanto usuarios como trabajadoras reclaman reformas y denuncian deficiencias del sistema".

Según ha detallado, "el servicio de Ayuda Domicilio en Andalucía atiende a casi 200.000 personas usuarias y genera empleo a más de 40.000 profesionales del sector, es la comunidad autónoma con mayor volumen de prestación en el conjunto de Estado, pero también donde más esperan los usuarios al reconocimiento de su derecho, 574 días cuando el plazo máximo legal es de 180".

Demandas de los usuarios

En la provincia, ha añadido la edil, "son más de 3.000 las personas en lista de espera y muchas fallecen antes de que les llegue el reconocimiento o la prestación del servicio, alrededor de mil personas al año".

"Muchas de aquellas personas que tienen la prestación del servicio ya concedida ven como la empresa adjudicataria cambia de manera frecuente y sin explicaciones la trabajadora que acude a su domicilio, suponiendo en muchas ocasiones un trastorno sobre todo para aquellos mayores que tienen algún tipo de enfermedad mental como pueda ser el Alzheimer", ha apuntado.

"Las rutinas, también en las caras que entran en nuestros domicilios, es algo muy importante para las personas mayores", ha detallado Moya, quien ha agregado que "también sufren la modificación, otra vez sin explicaciones, de los horarios a los que se acude al domicilio, con el consecuente caos familiar que supone cuando todo el entorno se había organizado en torno a unos horarios". "La dificultad incluso para hablar con la empresa y pedir explicaciones se hace cada vez mayor y la desatención por parte de la empresa es manifiesta", ha aseverado.

Demandas de las trabajadoras

Asimismo, Moya ha manifestado que "tampoco las trabajadoras ven sus derechos laborales reconocidos, entre ellos no otorgar permisos retribuidos cuando les corresponden, no respetar la desconexión digital en sus descansos, impagos cuando se han modificado las horas del contrato, soportar cuadrantes de trabajo de hasta 48 horas semanales o cuadrantes por debajo de las horas de contrato firmadas".

"Uno de los mayores incumplimientos que sufren en muchas ocasiones es el descuento en la nómina de horas de trabajo que la empresa no pone en el cuadrante ofrecido", ha advertido, de manera que "si una trabajadora tiene 38 horas semanales por contrato, la empresa le pone un cuadrante mensual que no llega a completar esa jornada, descontándole después el dinero correspondiente a esas horas además del correspondiente débito de horas, incumpliendo así el convenio de Ayuda a Domicilio firmado a nivel autonómico", ha expuesto.

Igualmente, ha explicado que "el volumen que este servicio ha ido adquiriendo con los años ha hecho que las grandes empresas y multinacionales desembarquen en la licitación de estos contratos, gestionando esta asistencia con criterios de rentabilidad económica y no de calidad del servicio".

Moya ha recordado que "en Cordoba el contrato es de 200 millones de euros", de forma que ve "necesario plantear una gestión que priorice por encima de todo la calidad del servicio, y eso sólo se podrá hacer desde la gestión pública del servicio de Ayuda a Domicilio que a día de hoy presta el Ayuntamiento".

Al hilo, ha apuntado que "el contrato hoy vigente lleva dos años desde su adjudicación, y para el cumplimiento del plazo establecido, le quedaría un año más otro de posible prórroga". Así, la edil ha planteado que "el Consistorio empiece a trabajar para recuperar la gestión directa de este servicio por parte de la Junta de Andalucía, explorando todas aquellas vías que puedan hacer que esta prestación sea no sólo un derecho reconocido por la administración, sino también gestionado por ella".

Comisión de seguimiento

"Una de las vías que, según el Grupo Socialista, debería solicitar el Ayuntamiento es la convocatoria urgente, como ha hecho algún alcalde ya, de la comisión de seguimiento sobre el servicio de Ayuda a Domicilio, que tiene como objetivo asegurar el correcto seguimiento, evaluación y cumplimiento de los compromisos asumidos por los ayuntamientos y la Junta de Andalucía", ha afirmado.

En este caso, ha remarcado que "las competencias en esta materia son exclusivas de la Junta de Andalucía, que las delega en los ayuntamientos, pero el volumen que está tomando este servicio hace que el gobierno autonómico se tenga que empezar a plantear la gestión directa para priorizar la calidad y prestación de servicio en las mejores condiciones y no delegar en empresas que buscan el rendimiento económico a costa de usuarios y trabajadoras".