domingo 03.07.2022

APDHA ASEGURA QUE SE RESTAURA LA LEGALIDAD

La prisión de Córdoba activa la calefacción

La asociación agradece la implicación del Ayuntamiento de Córdoba, las preguntas parlamentarias en Congreso y Senado de algunos grupos parlamentarios y de los medios de comunicación

Cárcel de Alcolea
Cárcel de Alcolea
La prisión de Córdoba activa la calefacción

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha asegurado que, tras la presión mediática y política emprendida junto a las denuncias que han realizado los propios presos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba durante el mes de enero, "se ha conseguido que la prisión de Córdoba reponga la legalidad encendiendo la calefacción". 

Para APDHA, sin esta labor de incidencia política nunca se hubiera recuperado. Así, ha recordado que desde Pro Derechos Humanos Andalucía se interpuso una queja al Juzgado de Vigilancia, a los Defensores del Pueblo estatal y andaluz, a la vez que se pidió la intervención del Ayuntamiento de Córdoba y de los diferentes grupos parlamentarios que llegaron a plantear preguntas parlamentarias tanto en el Congreso (Ciudadanos) como en el Senado (Podemos).

Así, han asegurado que la activación de la calefacción supone un reconocimiento implícito de su mala gestión durante los últimos años al privarse a los presos de modo injustificado de este servicio. Asimismo, lamentan que "resulta lamentable que durante los años de la crisis, los presos hayan sido el único colectivo que haya sufrido dicha medida de ahorro, no impuesta en ningún otro servicio público residencial".

En este punto, aseguran que, "sigue siendo injusto e incoherente que lo conseguido en la prisión de Córdoba no se haya extendido al resto de prisiones andaluzas, muchas de las cuales siguen padeciendo la falta de calefacción".

APDHA recuerda que pese a disponer de los sistemas para ello, Instituciones Penitenciarias mantuvo esta restricción pese a las temperaturas tan frías que llegaron a alcanzar los 4 grados bajo cero en el mes de enero. Para la asociación, existía pues, una triple discriminación frente a los usuarios de otros servicios públicos residenciales del resto de administraciones; frente a presos de otras prisiones y comunidades y frente al personal laboral o terceros como abogados que sí disfrutaban legítimamente de la misma en el mismo Centro Penitenciario. 

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