El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha indicado esta mañana que mientras los ratios de jueces por cada 100.000 habitantes siga siendo de 11,1 -frente a las 14,3 que hay por ejemplo en Bélgica u Holanda-, sería impensable hablar de que en Córdoba sobran juzgados, a pesar de que la carga de trabajo en algunos de ellos así lo estén dando a entender. Y es que, según los datos de la memoria anual de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2018, los cinco juzgados de lo Contencioso de la capital han logrado bajar drásticamente la pendencia y "funcionan muy bien", por lo que "ello invita a una reflexión si este nivel de ingresos se consolidara en años sucesivos".
Eso significa que de continuar con la misma tendencia durante cuatro o cinco años más, y aunque sea realmente impopular hablar de cerrar juzgados o mejor dicho reconvertirlos, quizá uno de esos cinco acabe como ocurrió en su día con el Menores número 2, que se integró en Penal número 6. Pero, según De Paula, es algo que se tendrá que ver a lo largo del tiempo y en una decisión en la que tendrá mucho que decir la futura Oficina Judicial.
Las cifras señalan que los Contenciosos soportan una carga de trabajo sensiblemente inferior al módulo referencial fijado en la Orden JUS/1418, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del CGPJ. Cada uno de estos juzgados registró de media 349 asuntos cuando ese módulo se establece en 570.
No obstante, a día de hoy, y con la ratio de magistrados antes citada, "España es el tercer país de la UE", ya que no sólo hay menos jueces que en otros estados Miembros, sino que en ellos el nivel de judicialización de la vida social es menor.
Respecto a la Oficina Judicial y Fiscal, el presidente de la Audiencia ha señalado el cambio de Gobierno en la junta no va a afectar al camino ya recorrido con la anterior consejera, Rosa Aguilar, y el acuerdo con sindicatos sobre la relación de puestos de trabajo, "por lo que esperemos que en el plazo de un año ese nuevo diseño de oficina judicial sea una realidad", ha indicado.
De Paula, igualmente, ha indicado que si bien el problema de las infraestructuras se ha ido resolviendo poco a poco, con la salvedad de Lucena, si bien ya hay cedidos unos terrenos por el Ayuntamiento de esa ciudad en la calle Fray Alonso Jesús Ortega para la Ciudad de la Justicia, y los problemas en el Juzgado de Aguilar de la Frontera, con deficiencias de suministro eléctrico, telefonía e internet, el lunar de la justicia en Córdoba se concentra en la escasez de medios humanos, a lo que hay que añadir la necesidad de una mejor optimización de esos medios humanos.
Y en este sentido el temor del presidente de la Audiencia se ha agudizado por el hecho de que el nuevo Ejecutivo andaluz parece mostrar cierto escaso interés hacia este segmento de la Administración, cuestión que se refleja en la denominación de la Consejería encargad, que no es otra que Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. "Se inserta, como un apartado más, y en tercer lugar, entre otros tres", ha explicado el juez.
"Todo pasaría por una racionalización de los instrumentos materiales y personales que sirven a la función jurisdiccional y por un impulso decidido de las reformas que culminen, de una vez por todas, con la modernización de la justicia y de las leyes procesales, en particular, la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha expuesto.
Algunos de los datos de interés expuestos por De Paula se centran en Violencia de Género, tanto en la capital como en la provincia. Al respecto, el presidente de la Audiencia ha indicado que se han recibido 1.826 denuncias (ha habido un ligerísimo incremento respecto de las del año pasado), de las que un 5% de las denunciantes (el año pasado fue un 7%) renunciaron a continuar con el proceso. Se han adoptado 323 órdenes de protección (lo que supone una más de las que se adoptaron el año pasado), habiendo sido denegadas 83 (al año pasado fueron 103). Un 59% han sido sentencias condenatorias. De tal manera que habiéndose dictado sobre esta materia 75 sentencias, 31 fueron absolutorias.
"Absolutrias no significa, sin embargo, que fueran denuncias falsas", ha destacado el magistrado, ya que en muchos casos basta con el juez no tenga clara la veracidad de la denuncia para no seguir adelante con el caso.
En este sentido, se nota en líneas generales un incremento de las mujeres que denuncian y un descenso de las que renuncian a continuar con la misma. Debe significarse que el número de asuntos registrados de Violencia sobre la Mujer en Córdoba y Provincia ha experimentado una variación al alza, alcanzándose los 2.680, frente a los 2.567 del año 2017 (de los que 1817 pertenecen al partido judicial de Córdoba, y 863 a la provincia).
