"Reconozco haber grabado el vídeo y haberlo difundido sin el consentimiento de los otros". Han sido, aparte de la negativa a declarar, las únicas palabras escuchadas por parte de alguno de los acusados en estos cuatro días de proceso a los miembros de La Manada por abusos sexuales a una joven de Pozoblanco a caballo entre abril y mayo de 2016, durante la celebración de la Feria de Torrecampo. Han sido palabras pronunciadas por Miguel Ángel Prenda justo después de las alegaciones finales de su abogado, Agustín Martínez Becerra, para rematar un juicio que ha quedado visto para sentencia.
Algo que "no debe sorprender", según su abogado, ya que, en caso de una posible condena, acusatoria "lo asume él como tal". Sus colegas en el juicio, es decir las acusaciones, por contra lo han considerado una simple estrategia para que uno asuma la culpa de todos, cuando se ha comprobado que "todos en mayor o menor medida han participado de los hechos".
La guinda a un pastel muy hábilmente confeccionado por el chef Martínez Becerra, hasta el punto de que a nadie en sus cabales le gustaría estar ahora en la piel del juez del Juzgado de lo Penal número 1, Luis Javier Santos, quien en su sentencia (es de esperar que salga antes de la Navidad) tendrá que decidir si acepta o no las pruebas presentadas en este caso, como son los videos en los que se muestran esos abusos.
Ha comenzado el abogado leyendo un florido escrito en el que ha hablado de "tiempos tendenciosos", presiones a los jueces a modo de "soga o guillotina" por parte de un "monstruo llamado opinión pública" y una "onda de inquisición marcada por lo políticamente correcto", que a través de las redes sociales actuar de jueces sin titulación que hacen que corra peligro el trabajo del propio magistrado. "En contra del criterio de moda y bajo el riesgo de que le puedan calificar de loco o falto de sensibilidad a la perspectiva de género usted tendrá que dictar sentencia con ellos", que no es otra que la absolutoria.
Tuvo palabras para la abogada de la acusación popular, Patricia Catalina, a quien le ha dicho que "resulta sorprendente cómo ha regalado al fiscal por haber modificado sus conclusiones según las pruebas" una actitud por la que "no sé si Clara Campoamor estaría de acuerdo con su gestión".
El letrado ha tratado de desbaratar las sentencias aportadas por el fiscal como apoyo a sus tesis asegurando que en nada tenían que ver con el caso de estudio, que no es otra cosa que un "juicio de un juicio" orientado a buscar la verdad, pero en la que no todo es válido.
Se trata, en palabras suyas, de una investigación prospectiva "de libro" la llevada a cabo por la Policía Foral de Navarra, quien fue mucho más allá en las investigaciones de las terminales móviles de lo debido, ya que el consentimiento dado por sus propietarios no era una barra libre. De hecho, salvo que los agentes tuvieran "facultades adivinatorias" nadie tenía sospecha de que pudiera haber otro echo delictivo, a no ser que se buscara directamente, ni tampoco había denuncia hasta que no fueron a buscarla a Pozoblanco. Es más, el juez instructor de Pamplona "en caso de haber querido una pericia completa del teléfono, sencillamente lo hubiera dicho", pero en ninguno de sus autos a la Policía Navarra les indica que ampliara la investigación hasta esos extremos. "Se mintió interesadamente sobre un cotejo que decían que había que hacer, y no hay nada peor que tomar por tonto a un tribunal haciéndonos creer eso".
Y si uno de los agentes visión todos los vídeos (casi 150) fue "porque sospechaba que hubiera más delitos además de el de Pamplona y lo encontró", pero siempre fuera de la investigación sobre los hechos ocurridos en Pamplona el 6 y 7 de julio de 2016, por lo que meterse a investigar ese nuevo hallazgo supone a todas luces una investigación prospectiva.
Martínez no se ha cortado a la hora de advertir sobre las consecuencias de que los agentes forales hubieran podido mentir al señalar que habían recibido órdenes directa del juez instructor, del mismo modo que "veremos hasta dónde llegan las consecuencias" en caso de que el magistrado navarro "saltándose los cauces normales" hubiera hecho un auto verbal para investigar hasta las últimas consecuencias., que es cuando "comenzó la cacería".
En cualquier caso, y si el juez no decide anular la prueba, el defensor ha planteado una pena alternativa que incluye dos años de prisión para Prenda por maltrato de obra; una multa de un mes a razón de 6 euros diarios para Jesús Escudero por maltrato de obra y seis meses de prisión para Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuela por daños contra la integridad moral.
La razón es que, en su opinión, no se aprecia en ningún momento del vídeo "animo libidinoso" en la acción, aunque hay que reconocer que se trata de una actitud "vejatoria, deplorable y despreciable", que no pueden derivar en abusos.
Aparte de eso, ha recordado que la víctima se montó en el coche de forma voluntaria y obligando a un quinto miembro del grupo a ir en otro vehículo hasta Pozoblanco habiendo realizado tres declaraciones que se contradicen por completo, ya ha hablado de haberse despertado desnuda en la parte de atrás de un coche junto a un descampado, o de haber sido agredido y expulsada del coche en un descampado hasta que finalmente aparece en la puerta de su casa llevada por uno de los acusados. "La ausencia de credibilidad que hay en el pueblo en torno a sus palabras es sencillamente porque no dice la verdad".
En este punto, todos los testigos, incluidos sus amigos, han indicado que la vieron subir del coche y bajar de él primero en casa de Alfonso Jesús Cabezuela, hablar con una amiga suya que estaba en el balcón, y volver a subirse al coche con Antonio Manuel Guerrero para llevarla cerca de su casa en aun viaje que duró unos 15 minutos.
Finalmente ha hablado de "teatro judicial" a la hora de señalar los efectos del suceso sobre la víctima, burlándose del concepto "devastadores", ya que no hay pruebas periciales que así lo determine, por lo que le parece una absoluta exageración que se trate de solicitar la misma indemnización que en el juicio de Pamplona.
