Agentes de la Policía Nacional, en unión a funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, han procedido, hasta el momento, a la detención de 75 personas, tras una larga investigación gracias a la cual logró desmantelar un entramado empresarial, centrado en Córdoba y provincia de Córdoba, creado para defraudar a la Seguridad Social, según un comunicado policial remitido a Córdoba Hoy.
La operación se inició a mediados del pasado año, en virtud del convenio de colaboración existente entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, tras detectarse una anomalía en la documentación presentada por una ciudadana extranjera, de nacional rumana, que acreditaba haber trabajado para varias empresas en un corto periodo de tiempo, logrando, así, acumular los días de cotización necesarios para ser beneficiaria de las pertinentes prestaciones públicas por desempleo.
Conforme avanzaba la investigación, los agentes pudieron comprobar cómo las referidas empresas se habían creado de forma ficticia para contratar virtualmente a trabajadores, que, a su vez, usaban los contratos para adquirir prestaciones públicas y subsidios por desempleo. Incluso se llegaron a usar para que ciudadanos extranjeros pudieran regularizar su situación administrativa en España, todo ello de manera fraudulenta.
Gracias a la investigación conjunta, los agentes pudieron obtener indicios sólidos y razonables de que el cabecilla de la organización coordinaba esta red de mercantiles enfocada a la “venta a la carta de contratos de trabajo” a tercera personas, conocedoras de la falsedad de los contratos, por unos 800 euros aproximadamente, exigiéndoles incluso a sus supuestos trabajadores un tanto por ciento de las prestaciones fraudulentas que conseguían.
Por todo ello, los investigadores procedieron a la identificación de todos los implicados en la trama delictiva, habiéndose llevado a cabo, desde el pasado mes de julio hasta la actualidad, la detención de 75 personas (supuestos trabajadores) y habiéndose imputado a otros 32 individuos, residentes la mayoría de ellos en Córdoba capital y el sur de la provincia, si bien algunos de los detenidos residían en otras ciudades españolas, como Palma de Mallorca, Málaga, Girona o Madrid.
El principal artífice del entramado se encontraba, en el momento de la detención, ingresado en un centro penitenciario por la comisión de otro delito de carácter socio-económico.
El fraude detectado supera ampliamente los 700.000 euros, teniendo en cuenta las prestaciones y subsidios públicos cobrados fraudulentamente por supuestos trabajadores, cuotas de seguros impagados, deudas a la Seguridad Social. La investigación continúa abierta, no se descartándose nuevas detenciones.
