El responsable provincial de Podemos Córdoba, José Antonio Ranchal, ha puesto de manifiesto su rechazo hacia “las políticas desestabilizadoras” de la Junta de Andalucía en materia de educación y ha reiterado el apoyo de su organización a las reivindicaciones de la comunidad educativa contra el cierre de aulas públicas en la provincia de Córdoba de cara al próximo curso escolar.
Así lo ha manifestado momentos previos al inicio de la asamblea provincial de Podemos, la primera con carácter semipresencial desde la renovación de su máximo órgano en la provincia Córdoba. Al encuentro, que ha tenido lugar en Villaviciosa de Córdoba, han acudido presencialmente tanto los miembros del Consejo de Coordinación como los enlaces de la red de Círculos provincial.
De esta manera, a los retos iniciales de la convocatoria, que pasan por el estudio de nuevas fórmulas para mejorar la dinámica de trabajo entre los distintos Círculos y reforzar su presencia en la provincia, se ha sumado la preocupación ante los “criterios políticos de planificación” de la Junta y las “reiteradas denuncias de familias, AMPAS y profesorado frente a su insistencia por clausurar, al margen del criterio de la comunidad educativa, más aulas” de cara al próximo curso.
En este sentido, Ranchal ha explicado que la pérdida de unidades “es ya una triste realidad que está conduciendo a nuestra red de colegios públicos a una situación insostenible”, ya que “más de una veintena” de colegios de la provincia de Córdoba “verán reducido su número de plazas de escolarización y todos ellos habían sido incluidos en la propuesta de plazas y unidades ofertada a las familias por la Delegación Territorial de Educación para el próximo curso”.
En concreto, ha señalado, en la ciudad de Córdoba habrá, al menos, una decena de cierres, mientras que en el resto de la provincia la supresión de aulas perjudicará a localidades como Palma del Río, La Ventilla, Priego de Córdoba, Lucena, Posadas, Doña Mencía, Cardeña, Puente Genil o Aguilar de la Frontera.
Así, Ranchal ha criticado que Educación “suprima unidades mientras apuesta por un sistema desigualitario que, con la renovación de conciertos de entre cuatro y seis años, beneficia a la concertada y genera dificultades a las familias para poder escolarizar a sus hijos en colegios públicos”. “Todos tenemos derecho a una educación permanente y compensatoria”, ha aseverado, tal y como reza el artículo 21 de nuestro Estatuto de Autonomía, “y es obligación de la Junta garantizar el servicio a través de un sistema público fuerte”.
