Con la mayoría suficiente, pero no por unanimidad, ha salido adelante esta mañana en el Pleno ordinario correspondiente a agosto, tanto la memoria redactada por la comisión de estudios relativa al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba, así como la aprobación de la forma de gestión del correspondiente servicio público, es decir la ordenanza reguladora de la creación y régimen de funcionamiento de ese servicio público, a cuyo texto se han añadido prácticamente todas las alegaciones presentadas por los diferentes grupos políticos.
En cualquier caso, la clave la ha aportado el portavoz socialista, José Antonio Romero, al avanzar que a partir del 1 de septiembre se va a trabajar en un modelo que implique la creación de un patronato con la presencia de la Diputación Provincial, el Gobierno central y la Junta de Andalucía, pero entre tanto había que empezar a andar con esa infraestructura "tras haber mejorado significativamente esa ordenanza", especialmente en materia de "transparencia".
Por lo pronto, Podemos Córdoba, a través de su portavoz, Cristina Pedrajas, ha dado la abstención, por la sencilla razón de "no querer entorpecer" el proceso de recuperación de una inversión muy fuerte para la ciudad, pero con numerosos dudas ante lo que podría ser una "claro perjuicio para las arcas públicas".
De igual forma, Pedrajas ha lamentado que hasta el último momento, y ya que se había alcanzado un acuerdo entre PP y Cs y el PSOE, "no se consideraron algunas de nuestras aportaciones", como la inclusión de la memoria económica o que los eventos tienen que cumplir con la Carta de Derechos humanos de la ONU, pero dejando fuera algunas de importancia como el personal mínimo imprescindible para que eso funcione o el hecho de indicar claramente qué usos no estarían permitidos en ese espacio y cuáles sí. Algo imprescindible para no dar por hecho cuestiones que en el futuro podrían llevar a confusión y problemas.
Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, antes de señalar que iba a dar su aprobación a la ordenanza, se ha lamentado profundamente de las maneras con que ha llevado el cogobierno esta situación, porque contactaron antes que nadie con el PSOE, en lugar de con sus aliados naturales, amén de que "nos obligan siempre a hacer las cosas con prisas por no felicitarnos las cosas con el tiempo suficiente".
En cualquier caso, las inclusiones de Vox han sido que se incluyese la colaboración público privada y la externalización de servicios como algo intrínseco al funcionamiento del centro, centrarlo todo en Presidencia y que el Ayuntamiento se pudiera reservar el derecho para anular un evento por interés público o causa sobrevenida.
El portavoz de IU, Pedro García, ha sido, de hecho, el más coherente con su discurso. Por lo pronto su formación ha votado 'no', lo mismo que hizo desde el principio de todo el proceso, al considerar que el CEFC se ejecutó allí por una imposición de Cajasur y ahora el temor es que, "como suele hacer la derecha, se socialicen las pérdidas y se privaticen las ganancias".
Es decir que ahora que no hay ninguna empresa con los bemoles suficientes para hacerse cargo de ese servicio lo asume el Ayuntamiento, pero "cuando dentro de cinco años pueda ir bien se lo acabaran pasando a una empresa privada". En cualquier caso, como muestra de buena fe, García ha indicado que "ojalá nos equivoquemos y que ese edificio sea un éxito y lo que se pueda socializar sean ganancias".
Para el PSOE, representado por su portavoz, José Antonio Romero, lo principal es la creación de ese Patronato con otras administraciones, a fin de que no absorba todo el déficit sólo el Ayuntamiento, y, por supuesto, que la modificación de los precios públicos no se aprueben en Junta de Gobierno, sino en Junta de Portavoces, un paso fundamental para la participación de la oposición, tanto la actual como la futura.
El portavoz popular, Miguel Ángel Torrico, ha indicado que esto es un primer paso necesario y que más adelante se tratara de incluir a otras administraciones, tal y como ha propuesto el PSOE.
En total, han sido ocho las alegaciones socialistas, todas ellas aceptadas en principio. Al margen de las dos ya avanzadas, las demás aluden a que no necesita ordenanza, sino un documento donde se detallen los precios públicos, en todo caso se anexara detalle los precios públicos de este servicio.
Es necesario que se detalle con que personal o empresas se va hacer el mantenimiento, seguridad, trabajos tecnicos audiovisuales, limpieza e higiene en la instalación.
En el artículo 7 se indica que el Ayuntamiento promoverá en el servicio público municipal del CEFC la redacción e implementación de la correspondiente Carta de Servicios que determine los estándares de calidad del servicio. Hay que indicar los criterios mínimos de calidad que se le van a exigir a este servicio municipal.
Además de la memoria anual que recoge el artículo 8 para la valoración de la calidad del servicio, hay que aprobar anualmente una memoria económica y más aún sobre las dudas de viabilidad que se recogen en el informe del a Intervención General sobre el Centro de Congresos.
En lo referente al derecho de los usuarios que se recoge el artículo 10 y concretamente en su punto 4 que habla de que habrá respeto a sus creencias y opiniones, hay que establecer un control o límite, para evitar que se puedan desarrollar actos contrarios a la legalidad vigente y a los derechos humanos. En el artículo 11 habría que incluir entre las obligaciones de los usuarios el respeto a las convicciones democráticas y legislación vigente nacional e internacional.
Respecto al artículo 14 el PSOE coincide en que hay que recoger que el Ayuntamiento de Córdoba tendrá un seguro de responsabilidad civil antes del comienzo de la actividad.
