Por vez primera los tres portavoces de los grupos municipales de PSOE, IU y Podemos Córdoba, Isabel Ambrosio, Pedro García y Cristina Pedrajas, respectivamente, han comparecido conjuntamente para anunciar que se ha solicitado la convocatoria de un Pleno municipal extraordinario en y monográfico sobre las ordenanzas fiscales de 2020. Concretamente, sobre si ese expediente aprobado el 27 de diciembre pasado con el único apoyo de Vox por parte de la oposición "cumple con todos los elementos de seguridad jurídica", en palabras de Ambrosio.
Los motivos que han llevado a agotar la vía política, cuyo tope sería esa sesión extraordinaria, es que en el expediente ni se han contemplado las 15 alegaciones presentadas por los grupos políticos y otros ajenos al Ayuntamiento, como el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara o Rabanales 21, ni tampoco cuenta con el preceptivo informe de Intervención.
A eso se le añade, según la portavoz socialista, que Intervención ha informado que se llegaron a aprobar una serie de enmiendas relativas a los controles de alcoholemia, con un claro carácter económico, y que la oposición no fue informada al respecto.
De igual modo, y tras varias peticiones de informes al respecto sin respuesta o con la respuesta del secretario del Pleno, Valeriano Lavela, para decir que no había nada que informar el PSOE, "nos hemos vistos obligados a tomar esta vía" con vistas a "garantizar la seguridad jurídica de un documento que ordena los tributos de los cordobeses, con una propuesta sobre la que estamos radicalmente en contra, pero sobre todo preocupados porque no cumple la seguridad jurídica mínima".
Los puntos del orden del día que se tratarían en ese Pleno son tener la oportunidad de conocer el criterio del secretario del Pleno y hacer una consulta al Consejo Consultivo de Andalucía para ver si tiene verdaderamente esa garantía jurídica.
También, Pedro García ha recordado que si para cualquier factura del Consistorio, sea de quien sea y tenga la cantidad que tenga, hace falta un informe de Intervención, "con más motivo unas ordenanzas por la importancia que tienen", pero "quienes presumen de seguridad jurídica seguridad nos han traído a esta situación para que el Consejo Consultivo dirima al respecto".
Igualmente, Cristina Pedrajas ha hablado de "actos manifiestamente ilegales por no contar con las alegaciones presentadas y por impedir trabajar tanto a la Intervención como ala Secretaría del Pleno, que son cuestiones muy graves". En opinión de la portavoz de Podemos, "debería contar con una nulidad de pleno derecho y habría que ver si son necesarias medidas provisionales para mantener las anteriores ordenanzas en vigencia".
El Pleno extraordinario tiene la obligación de convocarse siempre que lo solicite mínimo de una cuarta parte de los capitulares y deberá convocarse en el plazo de 15 días.
Por su parte, el concejal de Presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP), ha asegurado que las garantías jurídicas de las ordenanzas "están garantizadas" y ha considerado que la solicitud de ese Pleno extraordinario, que se convocará si "legalmente es necesario", no es más que una "triquiñuela" de la oposición para intentar subir los impuestos, "mientras que nosotros consideramos necesario bajarlos por el bien de la economía cordobesa".
