El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado hoy el visto bueno a una moción que recoge las propuestas de la Plataforma 15-M Stop Desahucios en materia de vivienda y que tiene como objetivo que el Consistorio vele por el cumplimiento del derecho a una vivienda digna.
El delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Del Castillo, señaló que "si no la (la moción) aprobamos seremos cómplices del sufrimiento de todas esas personas porque no podemos pasar de largo ante tamaña injusticia sin hacer todo lo que podamos hacer".
Rafael Blázquez, portavoz del grupo municipal de Ganemos, recordó que "uno de cada tres adultos en Córdoba y casi la mitad de los niños están en riesgo de exclusión y que cada dia se abren cuatro procedimientos de ejecución y dos desahucios".
Por su parte, el portavoz del PSOE, Emilio Aumente, recordó que esta situación deviene de una legislación que debería ser modificada mientras que el de Ciudadanos, David Dorado, mencionó algunas de las medidas que su grupo propone en relación a la vivienda como incentivar la incorporación de viviendas vacías al mercado o establecer garantías jurídicas a los arrendadores.
Luis Martín, en nombre del PP, explicó que su grupo apoya el fondo de la moción pero hay algunos puntos que se refieren a cuestiones técnicas con los que no están de acuerdo, de ahí su abstención.
Derechos
La moción recoge seis puntos, el primero de los cuales declara a Córdoba Ciudad por la vivienda digna y contra los desahucios e insta al Ayuntamiento a pedir al próximo Gobierno del Estado una moratoria de los desahucios y cortes de energía a las personas que se hallen en situación de insolvencia sobrevenida, así como que se inicie una investigación de los múltiples abusos e ilegalidades cometidas en los desahucios masivos y los procedimientos de ejecución hipotecaria.
En segundo lugar, y en el marco del Plan de Rescate a la Ciudadanía, reclaman, entre otras cuestiones, que el Ayuntamiento no intervenga en los procedimientos de lanzamiento de viviendas habituales y que se incrementen las partidas destinadas a servicios sociales, además del compromiso de mediar con las entidades financieras para la paralización de los desahucios y condonaciones de deudas.
Además, la moción propone la elaboración de un nuevo Plan Municipal de Vivienda y Rehabilitación y establece el compromiso de paliar el impacto del pago del impuesto de plusvalía para las personas en riesgo de exclusión social que sufran la pérdida de su vivienda principal así como “el aumento de la recaudación municipal que pudiera producirse como consecuencia del gravamen del IBI de las viviendas vacías, previsto en la ordenanza fiscal, se destinará a programas de alquileres sociales”.
Para garantizar el cumplimiento de las medidas que se adopten, se creará una comisión de trabajo y seguimiento de las políticas de vivienda y social, de la que formarían parte el Ayuntamiento y las organizaciones sociales que luchan por el derecho a una vivienda digna, así como la Junta y la Diputación, que elaboraría un informe Oficial sobre el cumplimiento y desarrollo de las propuestas aprobadas en la presente moción. Este informe, junto con el soporte estadístico necesario para la realización de este análisis, será publicado en la página web, u otros medios de difusión pública del área competente en el desarrollo de estas medidas.
