La Plataforma Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Córdoba ha celebrado este lunes una concentración ante el Ayuntamiento de la capital cordobesa para criticar "el maltrato recibido" por los mayores que viven "en residencias" durante "la pandemia" del Covid-19, "que ha golpeado de forma especialmente cruel a las personas mayores, y particularmente" en los geriátricos.
En este sentido y según ha informado la citada plataforma, que ha convocado la concentración "con motivo de celebrarse este 15 de junio el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez", la realidad durante la pandemia "ha puesto de manifiesto un auténtico horror genocida", pues en España "cerca de 20.000 mayores, la mayor parte ingresados en geriátricos, han fallecido, en la mayoría de los casos por falta de atención sanitaria y hospitalaria adecuada".
Desde la Plataforma en Defensa de las Pensiones se ha señalado que "el 80 por ciento de estos centros de mayores son privados, y estas residencias han sido entregadas a especuladores y fondos buitres, que han colocado a las personas en una situación de vulnerabilidad", cuando "no se puede hacer negocios con la salud de nuestros mayores".
Se trata, a juicio de los concentrados este lunes, de "centros gestionados por multinacionales y fondos de inversión, subvencionados con fondos públicos, cuyo fin es conseguir el máximo beneficio con la mínima aportación", y "los recortes en los presupuestos de Sanidad y en la Dependencia son los que han favorecido la tragedia y han provocado miles de muertes", es decir, que son "víctimas del beneficio económico".
Por ello, desde la mencionada plataforma se ha exigido "que la Fiscalía" debe "seguir investigando, para determinar las responsabilidades correspondientes", mientras que la "prioridad" de la plataforma "es la lucha decidida por devolver la titularidad y gestión de los centros privados al sector publico, impidiendo con ello que los geriátricos sean empresas con ánimo de lucro y no de servicio".
Junto a ello, entienden también que "es precisa la aprobación de una nueva Ley de Dependencia que apueste por unos Servicios Sociales plenamente públicos, y por la derogación de la actual Ley", pues hay "106 dependientes muertos cada día a la espera de ser atendidos, y 254.000 personas en lista de espera".
