sábado 31.10.2020
Cordoba Hoy

EDUCACIÓN

El personal de lengua de signos e integración social rechazan la bolsa única de empleo

La solución para asegurar sus puestos de trabajo es a su juicio la ley 9/2017 de contratos en el sector público, que permite la subrogación 
El personal de lengua de signos e integración social rechazan la bolsa única de empleo

Trabajadores de interpretación de lengua de signos y del personal técnico de integración social se van a manifestar de nuevo hoy en la delegación de gobernación de la Junta de Andalucía, situada en la calle San Felipe, para protestar por su situación y el temor ante la posible pérdida de sus puestos de trabajo. Estas movilizaciones en diversos puntos de Andalucía están apoyadas por el sindicato CCOO, que anunció su calendario el pasado día 9 de enero.

Lo que solicitan los trabajadores es que se subroguen sus contratos conforme a la ley 9/2017 de contratos en el sector público en el artículo 130.3. Dicho artículo dice: En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.

Esta solicitud procede de una situación que en el caso de la lengua de signos ha ido evolucionando a lo largo de más de dos décadas en Andalucía.El servicio de interpretación de signos lleva funcionando 24 años en los colegios públicos a través de un convenio de la Junta con la Federación de Asociaciones de Sordos. En el 2008 cambió la situación, ya que el año anterior se había creado la categoría profesional de intérprete de lengua de signos dentro del convenio de personal laboral de la Junta. Como indica José Cosano "estaba presupuestado ya y había un borrador de la relación de puestos de trabajo". Pero aquella situación quedó suspendida y se empezó a externalizar el servicio a través de lo que ahora se llama Agencia Pública de Educación de Andalucía. De esta manera los profesores de lengua de signos trabajan en colegios públicos pero contratados con empresas como intermediarias. "No creemos que eso fuese legal porque los propios estatutos de esa agencia no contemplaban esta actividad". 

El órgano de Intervención de la Junta, que es independiente, ha señalado que no se puede continuar con este sistema de externalización. La solución de la Junta ha sido incluir estos puestos de trabajo, como ha explicado Cosano, en la bolsa única, con la intención de que este servicio se preste ya directamente desde la Administración. A su juicio esto perjudica a los intérpretes de signos, puesto que su experiencia quedaría baremada como trabajadores para empresas, algo que aporta menos puntos en la bolsa. Estos profesores creen que deberían ser baremados como trabajadores de la Administración "al haber estado trabajando para la Junta de forma encubierta".

Para garantizar la contratación de todos los trabajadores que se dedicaban a esta función (los que menos tiempo han estado entre 5 y 7 años de media), tanto el personal de interpretación de signos como el de integración social apuestan por la mencionada ley 9/2017. 

En el caso concreto del lenguaje de signos afecta a 18 trabajadores en la provincia y 140 en la región. El caso del personal de integración social es similar, sólo que parte de ellos están trabajando ya como personal laboral de la Junta y parte están mediante empresas.

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