El Grupo Municipal de Podemos Córdoba ha hecho responsable al Ayuntamiento de Córdoba del juicio al que se enfrenta mañana, el vicepresidente de la Plataforma A Desalambrar, Manuel Trujillo, denunciado por el propietario de la finca El Bañuelo por cortar el alambre que corta el libre paso por el camino público y municipal del mismo nombre. "El cogobierno es responsable y cómplice de que esto le vaya a pasar a esa persona, que lo único que ha hecho es defender unos derechos de toda la ciudadanía, protegiendo y reivindicando lo que es de todos y que, precisamente, es lo que tendría que defender el Ayuntamiento", en palabras de la portavoz de la formación morada en el Consistorio, Cristina Pedrajas.
Concretamente, el Grupo Municipal de Podemos Córdoba formará parte mañana, a las 09.00 horas, de una masiva concentración de apoyo a Manolo Trujillo, junto a IU y un buen número de asociaciones y colectivos, así como particulares, a las puertas de la Ciudad de la Justicia, antes de que este hombre tenga que entrar a juicio a las 10.00 horas. "Allí le haremos saber que el trato que se le está dando es tremendamente injusto y que sea él la persona individual a la que se hace responsable de ese acto simbólico en el que estuvimos muchas más personas".
Pedrajas ha aludido a la ruta reivindicativa celebrada el pasado 11 de abril de 2021, donde además de ella misma, estuvieron la concejala de IU Amparo Pernichi o la portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía Ana Naranjo, para restituir el paso libre por ese camino público que pertenece a la ciudad de Córdoba. "Aquello, además, fue más bien un acto simbólico, ya que lo que se cortó fue un alambre herrumbroso, con moho y oxidado y a ras del suelo", mientras que la valla que cierra el camino se encuentra ya bastante destruida por el paso de los senderistas que se niegan a perder el libre uso de ese camino público.
Se da la circunstancia de que el propietario ha solicitado una cantidad desorbitada, lo que demuestra que su "única intención es tratar de sacar dinero fácil y quizá reparar el vallado para seguir cerrando algo que no es suyo y que está incluido en el inventario municipal".
Lo que ha hecho ese propietario es lo mismo que ocurre con hasta 62 caminos más, "sobre los que el Ayuntamiento tendría que hacer un trabajo de deslinde y no sólo de catalogación, porque, de hecho, ya lo están como tales, aunque diversas personas se los hayan apropiado sin que se produzca reacción alguna por parte de la Administración local". Eso equivale a decir que el "cogobierno está permitiendo que particulares se apropien impunemente de parte de nuestro patrimonio medioambiental natural, y eso no se puede consentir".
Por esa misma razón, resulta "tremendamente injusto que personas que se implican para hacer valer estos derechos de la ciudadanía, se tengan que ver inmersos en un desagradable proceso por vía penal, que le puede suponer un desgaste personal". Y es que "cualquiera de los que estábamos allí podríamos haber sido denunciados por el mismo motivo", ha puntualizado Pedrajas.
