Para finales de este año podría entrar en funcionamiento la nueva ordenanza municipal de Conservación, Rehabilitación, Evaluación, Restauración y Estado Ruinoso de Edificaciones (OCRE), que viene a sustituir a la normativa actualmente en vigor para la Inspección Técnica de Edificios (ITE), que entraba en el marco normativo de la LOUA de 2002, según han informado esta mañana el concejal de Urbanismo, Pedro García (IU); el gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Emilio García, y el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC).
Las principal diferencia con respecto a la anterior, según han explicado los tres citados, es que si antes era universal la obligación de presentar informes técnicos de viviendas (ITVs), ahora sólo afectará a las viviendas plurifamiliares (bloques con más de una vivienda habitada) y a las que se encuentran en el entorno de los Bienes de Interés Cultural (BIC).
Además, según ha señalado Pedro García, la nueva ordenanza se basa en la triple pata de accesibilidad, eficiencia energética y otras situaciones de conservación diversas. Hoy mismo se aprobará en la Junta de Gobierno Local (JGL) y la idea es llevarlo a aprobación inicial en el Pleno del próximo mes de mayo. También tendrá que recibir el visto bueno y las conclusiones del Consejo Social.
En cualquier caso, y según ha querido dejar claro el presidente del CMC, la anterior ordenanza "nos parecía injusta y desproporcionada, no porque no defendamos que los edificios no estén mantenidos, sino por la universalidad de eso obligación y porque vimos que era una medida para favorecer la falta de trabajo de arquitectos y aparejadores durante los peores años de la crisis".
Los plazos, según ha indicado, por su parte, Emilio García, la obligatoriedad de esas inspecciones es en primer lugar para los entornos de BIC con más de 100 años de antigüedad, "que tendrían que presentarlo indefectiblemente un año después de la aprobación de la ordenanza", es decir en la segunda mitad de 2020. Para los edificios plurifamiliares de entre 75 y 100 años de antigüedad tienen de plazo hasta finales de 2021; los edificios de entre 50 y 75 años hasta finales de 2022, y los edificios con algo más de 50 años, hasta finales de 2023.
De hecho, según De Gracia, desde junio de 2018 ya hay una serie de edificios del Casco Histórico que estarían fuera de plazo (los de más de 100 años), y también desde diciembre pasado. Pero todos ellos tienen hasta 2021 para presentar sus respectivos informes, con lo que han ganado un año más de plazo mientras entra en vigor la nueva ordenanza.
Son algunos edificios del Casco Histórico , que si antes para la anterior ordenanza se calculaban en unas 10.000 viviendas, ahora son bastantes menos. Ha que tener en cuenta que la primera ITE afectaba únicamente al área de rehabilitación de La Axerquía Norte y que en 2012 se amplió a todo el núcleo urbano. De igual modo, las siguientes viviendas en tener que elaborar sus informes son las de Ciudad Jardín, Cañero Viejo o Fátima que tendrían de margen hasta 2022.
La idea, según Juan Andrés de Gracia, como responsable de la Comisión de Ciudad Física la Federación Al-Zahara es obtener el tiempo necesario para que las administraciones vuelvan a ofrecer ayudas públicas para la rehabilitación. De ahí que se haya negociado este nuevo plazo, y si fuera necesario, "llegado el momento, insistir en nuevas ampliaciones". Porque lo que no tendría lógica, ni antes ni ahora, es una obligación de realizar actuaciones para mantenimiento de edificios si contar para ello con subvenciones. Es más, en la actualidad no hay ninguna administración que conceda a dudas a la rehabilitación en Córdoba.
Las inspecciones, según la nueva normativa, hay que realizarlas cada 10 años, y en los edificios que han llevado a cabo algún tipo de mantenimiento integral se empezaría a contar como año cero el momento de su reforma.
De igual modo, y ya que la ordenanza conlleva un régimen sancionador en caso de no presentar las inspecciones, acorde con le que marcaba la LOUA, "el Ayuntamiento se ha mostrado sensible para no imponer multas en tanto en cuenta la nueva ordenanza no entre en vigor, y nosotros desde Al-Zahara seguiremos luego presionando para que sigan sin imponerse hasta que no haya nuevas ayudas públicas para rehabilitaciones", ha asegurado De Gracia.
