Empieza a llamar sobremanera la atención la cantidad de operaciones antifraude que se practican en la provincia de Córdoba. Según se ha informado esta misma mañana en la Subdelegación del Gobierno, una operación conjunta de agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación de Gobierno en Córdoba ha logrado desmantelar un entramado ficticio de empresas que presuntamente habría defraudado más de 300.000 euros a las arcas públicas en la capital y en varios pueblos de la provincia de Córdoba.
Esta operación, bautizada como 'Cierre', según el subdelegado, Juan José Primo Jurado, ha supuesto la detección de 65 personas y se ha investigado a otras 39, todas ellas relacionadas con un entramado de empresas ilegales que presuntamente se dedicaban a prestar diferentes servicios de administración en la provincia de Córdoba. De las 104 personas implicadas, 70 son españoles y el resto ciudadanos de diferentes estados de la UE.
Esto viene a cuatro años de "intensísimas investigaciones", con un total de 14 operaciones, con 309 detenidos y 191 investigados, y una cuantía defrauda de más de 4 millones de euros (700 millones de las antiguas pesetas). Algo que se ha conseguido tras el convenio de colaboración firmado en 2013 entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Inicio en abril pasado
Según ha informado el inspector, que actuó como jefe de la operación, Julián Cárdenas, la operación dio comienzo en abril pasado, cuando agentes del Grupo de Investigación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Córdoba detectaron la posible existencia de una empresa, que bajo la apariencia de una actividad real, enmascararía altas ficticias para que los trabajadores tuviesen derecho a adquirir prestaciones públicas, para así obtener el certificado NIE de ciudadano de la Unión Europea (UE).
Ante la posible existencia de indicios delictivos, los agentes prosiguieron la investigación, en la que tras realizar numerosas pesquisas, pudieron determinar en una primera fase como los domicilios fiscales de la empresa no mostraban signo alguno de actividad empresarial referida. Además, según informes desprendidos de la investigación, la empresa pretendería realizar una actividad empresarial a 'coste real cero', acreditando los investigadores como dicha empresa no tendría actividad mercantil de referencia, estando además sin justificar entre otros aspectos el pago de salarios a los trabajadores. Es más, las inspecciones oculares determinaron que en los presuntos lugares de trabajo no se había realizado actividad alguna ni había maquinaria ni nada que permitiera la realización de alguno de los trabajos que presuntamente de hacían.
En concreto se trataba de dos empresas fraudulentas, creadas en 2013 y mediados de 2016, relacionadas con la agricultura y la prestación de servicios. Tampoco los trabajadores pudieron determinar cuánto habían cobrado, qué habían hecho ni qué días, mientras que las empresas tampoco acreditaron sus beneficios.
Un trabajo simulado
Por todos los datos aportados por los investigadores, los encargados de la investigación dedujeron que los investigados habrían simulado mantener una relación laboral, estando en realidad éstos dados de alta a los solos efectos de obtener prestaciones cuya gestión corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal o a los efectos de acumular carencia para futuras prestaciones.
Hasta el momento –ya que todavía continúa abierta, si bien el grueso ya ha sido llevado a cabo–, fruto de la investigación los encargados de la misma, ante la existencia de indicios de la comisión de un delito contra la Seguridad Social y de Falsedad Documental, han procedido a la localización y detención de 65 personas así como investigar a otras 39. El propio comisario provincial de la Policía Nacional, Jesús Gómez Palacios, ha indicado que muy probablemente se produzcan nuevas detenciones.
Durante la operación los agentes se han incautado de numerosa documentación entre la que se encuentran: altas y bajas presuntamente fraudulentas de las empresas investigadas, nóminas de supuestos trabajadores, datos fiscales de empresas, administradores y trabajadores.
