Los grupos municipales de IU y Podemos Córdoba han solicitado esta mañana que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba siga adelante con la innovación del PGOU para determinar que las casas de juego y apuestas no puedan instalarse a menos de 500 metros de centros escolares y deportivos. La idea es preservar contra esa lacra a la juventud cordobesa e impedir la proliferación sin control de este tipo de negocios "que causan muchísimo dolor y sufrimiento a muchísimas familias y que, para colmo, ni siquiera tributan", han señalado tanto el portavoz de IU, Pedro García, como el concejal de la formación morada Juan Alcántara en rueda de prensa.
Ambos representantes de estas formaciones políticas han planteado, por un lado, la situación política que existe a día de hoy en torno a las casas de apuesta tanto a nivel local como autonómico, además del manto jurídico que ampara al Ayuntamiento para actuar a nivel urbanístico y que cobra forma en la Ley 7/2002 del 17 de diciembre sobre fines específicos de la actividad urbanística.
Según Juan Alcántara, existe un "conformismo por parte del gobierno local a la hora de actuar frente al bloqueo de la Junta para legislar en esta materia". Eso ocurre cuando se ha dado a conocer que el 12% de los cordobeses y cordobesas de la provincia entre 11 y 14 años asegura haber estado en una sala de apuestas y el 8%, incluso, han realizados apuestas. "Es un problema creciente que se tiene que atajar, pero que las administraciones local y autonómica parecen querer desentenderse", en palabras del edil de Podemos Córdoba.
"¿A qué juega el PP en ambas administraciones cuando dice estar en contra del juego y, a la vez, no hace nada por salvaguardar de la ludopatía a la ciudad?", se pregunta Alcántara, quien ha asegurado que "nuestro criterio es que el Ayuntamiento debe continuar con la innovación, que sí es su competencia, e implica una demanda social generalizada". Por eso, ha exigido que "quien esté al lado del lobbie del juego que lo diga ahora claramente, en lugar de querer y buscar un modelo de ciudad sana mediante un planeamiento urbanístico valiente contra la ludopatía; un problema de salud sin regates y sin chantajes".
Pedro García, por su parte, ha puesto sobre la mesa el verdadero debate que hay que plantear y que es permitir a las entidades locales actuar en materia urbanística, tal y como deja claro la citada Ley 7/2002 del 17 de diciembre. "En realidad sí sabemos a qué juegan quienes han propuesto modificar esa ley en contra de los intereses generales y a favor de los intereses particulares de unos pocos que se lucran con este problema social".
"Es lo más antipatriótico que se puede ser, porque se ponen del lado de empresarios que no tributan y forman parte de este entramado a nivel mundial, en lugar de defender al pueblo o a los más débiles", ha indicado García, en referencia a que por vez primera un gobierno de la Junta, formado por PP y Cs, "cuestiona la autonomía de las entidades locales a la hora de gestionar su planeamiento urbanístico, permitiendo que lo que es el verdadero interés general se suplante por lo que don dinero diga y que es el interés particular".
Y es que la ordenación urbanística se cedió en su día a los ayuntamientos y ahora se quieren modificar de facto determinados aspectos que no corresponden a ese planeamiento inicial. "Eso es lo que habrá que dirimir, debatir y concretar ahora", ha señalado García, quien ha avanzado que Unidas Podemos en el Parlamento andaluz está trabajando mediante consultas previas en las comisiones parlamentarias para saber a qué atenerse a la hora de marcar un plan de acción al respecto.
