Una de las mociones sobre las que no ha habido unanimidad en el Pleno de esta mañana fue la que presentó el PP sobre ocupaciones ilegales de viviendas y defensa de la propiedad privada, en el mismo sentido que la Ley que ha planeado este mismo grupo en el Senado para agilizar los lanzamientos de personas que utilizan los pisos y locales para ejercer actividades ilegales, o, al menos, ésa ha sido la idea con la que se ha planteado en Córdoba, aunque no ha logrado el apoyo de todos los grupos municipales.
En concreto, el PP ha recabado el apoyo de Ciudadanos y Unión Cordobesa, pero el voto en contra de IU, Ganemos Córdoba y PSOE por considerar que de este modo "se mete en el mismo saco a quienes ocupan pisos por pura necesidad social con los que buscan realizar actividades ilegales, en forma de narcopisos". Unas palabras que pueden corresponder a cualquiera de los que hablaron por estos grupos municipales, ya que coincidieron en sus ideas.
Por parte del PP, Salvador Fuentes ha negado la mayor y ha hecho hincapié en que la ley va únicamente para combatir la delincuencia y no contra quienes, como Carmen Viva Medina, de Stop Desahucios, y que planteó su caso en la sesión, se ha visto obligada a entrar en un piso con su familia porque no cuenta con nada más.
"Tuvimos que ocupar, porque no teníamos alternativa y no es algo fácil, los vecinos nos han apoyado siempre como también lo han hecho a otros muchos miembros de la Plataforma y es verdad que hay gente que los utiliza para traficar y no podemos consentirlo", ha señalado la mujer. No obstante, se ha lamentado de que ella, al igual que otros puedan ir a la cárcel 18 meses, según esa nueva normativa, por haber estado ocupando una casa más de 15 días. "Soy pobre, pero no trafico ni robo y no me tienen que igualar a los que son delincuentes".
No todos son ocupas
Tanto PP como Ciudadanos y Ucor han asegurado a esta mujer que la nueva Ley no estaba hecho para su caso, hasta el punto de que Fuentes le aseguró la mujer que "a ustedes no se les considera ocupas", si bien desde Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez ha advertido que se había cometido un cambio con respecto a la normativa anterior, también del PP, en el sentido de que si antes se castigaba ocupaciones de propietarias físicas (particulares) únicamente, ahora se ha incluido también las jurídicas, de bancos y fondos buitres, que son la mayoría de las que ocupan las familias incluidas en la Plataforma Stop Desahucios.
El portavoz de Ganemos ha esgrimido los resultados de un estudio elaborado en marzo de 2017 por la Universidad de Córdoba en el que se indicaba que de 60 familias que ocupan pisos,la mitad de ellas están en propiedades del Grupo Santander. "De esas 155 personas a las que hace referencia el estudio, hay 64 menores de edad, de los que 21 tienen menos de tres años, y de las 104 en edad de trabajar sólo seis tienen contrato y están dadas de alta en la Seguridad Social". Eso le ha bastado para decir que los grandes beneficiarios de esta reforma de la ley son los bancos.
Por su parte, Alba Doblas, de IU, ha calificado de "concurso de fachas" la postura de PP y Ciudadanos para ver quién se muestra más cercano a la ultraderecha de VOX modificando una ley que pasa de considerar leve un delito de ocupación ilegal por necesidad a tener pena de cárcel.
Combatir a las mafias
Salvador Fuentes ha insistido que son las "mafias" las que hay que combatir. Una "lacra" que genera miedo en los barrios y que empiezan a ser un auténtico problema en Las palmeras, la Manzana 19 de la Barrio del Guadalquivir, La Axerquía o Fuensanta. "Sólo hablamos de lanzamiento exprés para esos delincuentes", ha asegurado, antes de acusar a toda la Corporación de "mirar a otro lado" y no afrontar los problemas en casos puntuales "que todos conocemos".
Es más, ha llegado a señalar que la propia Alba, como presidenta de Vimcorsa, "sabe del caso de un hombre que ha ocupado una de sus viviendas para cometer actividades ilícitas, dejando a una mujer fuera de esa casa, y no se mueve un dedo por evitarlo". Una situación que, según Fuentes, podría acabar en los tribunales.
Son situaciones que, según el viceportavoz popular, han impedido hasta hace poco que Endesa acuda a Las Palmeras a controlar los enganches, cuando antes no se atrevía, o que los técnicos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), "puedan desde ayer hacer su trabajo en las manzanas de Las Palmeras porque estaban presionados por mafiosos". En su opinión, la nueva ley nos permite "atajar a las mafias sin complejos, que ahora se están comiendo los barrios, los tienen secuestrados y hay miedo a vivir en ellos".
El caso de Primo Jurado
A eso Alba Doblas ha respondido que el anterior subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado (PP), dio orden a la Policía Nacional de no actuar a requerimiento de Vimcorsa para echar a una pareja que había ocupado una vivienda que estaba siendo reparada "cuando no habían pasado ni 24 horas de la ocupación".
En cuanto a la moción del PSOE para pedir al nuevo Gobierno de la Junta que incluya una serie de inversiones en los presupuestos de 2019, presionando, además, para que las cuentas se aprueben cuanto antes, todos los grupos la apoyaron, muy a pesar de que muchos de ellos no compartieran las formas en que se ha planteado el texto de la moción, con "prisas para un ejecutivo que apenas lleva 27 días conformado, mientras que no se le dice nada al Gobierno central, constituido desde hace siete meses y es hoy cuando ha comenzado el debate de presupuestos en el Congreso", en palabras del alcaldable popular, José María belio, quien también ha aprovechado para destacar que "esta moción sirve para destapar las vergüenzas de lo que el PSOE no ha logrado hacer en 40 años de Gobierno de la Junta".
