La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido hoy en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para defender el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que destina 5.000 millones de euros adicionales a los ayuntamientos con remanentes de tesorería que se adhieran a este mecanismo voluntario. Un acuerdo que permite a las Entidades Locales incrementar su gasto público sin incurrir en déficit en un contexto de reactivación económica y necesidad de fortalecer el Estado de Bienestar para combatir los efectos de la Covid-19.
Unos recursos que, según ha explicado la ministra, muestran el compromiso del Gobierno con el municipalismo al proporcionar a las corporaciones locales el protagonismo necesario en esta fase de recuperación, ya que los ayuntamientos podrán utilizar la mayor capacidad de gasto para mejorar la atención a personas mayores o dependientes, incrementar la oferta de vivienda asequible en alquiler o construir escuelas infantiles.
La ministra ha recordado que el Real Decreto-Ley de medidas financieras, de carácter extraordinario, para las entidades locales, aprobado por el Gobierno el pasado 4 de agosto, es la respuesta a la petición de los ayuntamientos de poder utilizar los remanentes de tesorería, una posibilidad técnicamente compleja de adecuar en la legislación vigente.
Igualmente, ha resaltado en su intervención que la propuesta responde "punto por punto" al dictamen de la Comisión de Reconstrucción aprobado por todos los grupos políticos en el bloque de reactivación económica. En concreto, la ministra ha recordado que el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), plasmado en dicho decreto, aborda las peticiones de las formaciones políticas sobre el uso del superávit y los remanentes de tesorería generados durante los ejercicios 2019 y 2020.
También recoge la petición de no aplicar la regla de gasto para los ayuntamientos en el ejercicio 2020, una medida que Montero se ha comprometido a extender a 2021 incorporándola en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Además, el acuerdo también responde a otro punto del dictamen al contemplar que los municipios puedan gestionar parte de los fondos europeos recibidos para paliar los efectos de la pandemia.
En este sentido, Montero ha destacado que el acuerdo con la FEMP "es mucho más ambicioso y amplio" que lo planteado por las formaciones políticas en dicho dictamen al incluir un fondo adicional de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos con remanentes, así como una batería de medidas orientadas a las corporaciones con dificultades financieras o la creación de un fondo de 275 millones -ampliable a 400 millones- para compensar las pérdidas en el sistema de transporte municipal.
Durante su intervención, la titular de Hacienda ha subrayado que el acuerdo es voluntario y beneficioso para los ayuntamientos que, en el ejercicio de su autonomía, "no sólo es que en ningún caso pierden dinero, sino que obtienen más recursos y más capacidad de gasto en un momento en que es de máxima necesidad".
Más capacidad de gasto
Montero ha recordado que la Constitución Española y la Ley de Estabilidad aprobada por el PP en 2012 impiden a los ayuntamientos incurrir en déficit. Sin embargo, la ministra de Hacienda ha explicado que el acuerdo con la FEMP establece una fórmula que permite a los ayuntamientos con remanentes de tesorería incrementar su gasto público respetando la ley y el saneamiento de sus cuentas públicas.
En concreto, las corporaciones locales que se adhieran a este acuerdo se comprometen de manera voluntaria a constituir un préstamo a favor de la Administración General del Estado por la totalidad de sus remanentes de tesorería, que el Estado transferirá a las Entidades Locales como ingresos no financieros. Adicionalmente, cada municipio recibirá como mínimo, el 35% de los fondos aportados al préstamo a la Administración central, y que se podría incrementar hasta totalizar un importe de 5.000 millones de euros entre todas las entidades participantes.
Además, el Estado devolverá íntegramente los remanentes en un plazo de 10 años o hasta 15 años si optan por unas condiciones financieras más favorables. Es decir, las entidades locales recibirán el 100% de sus remanentes y, además, hasta 5.000 millones adicionales.
Ese fondo adicional se transferirá a los ayuntamientos con un máximo de 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021. Los recursos se liberarán en dos años a petición de la FEMP para dar tiempo a los consistorios a ejecutar esos 5.000 millones adicionales.
Montero ha señalado el esfuerzo que supone para el Gobierno esta medida, ya que supondrá más déficit para el Estado, mientras que para las entidades locales no tendrá impacto negativo en sus cuentas. Asimismo, a ministra de Hacienda ha rechazado que con este mecanismo la Administración central busque liquidez al recordar que el Estado puede financiarse a través de los mercados y a través del BCE con tipos de interés negativos, "por lo que no necesita de los remanentes de las Entidades Locales para contar con ingresos".
Ahorro de 70 millones en intereses negativos
La ministra de Hacienda también ha explicado que el acuerdo con la FEMP permitiría a las corporaciones locales ahorrarse el pago de 70 millones de euros anuales en intereses negativos que actualmente abonan los ayuntamientos a los bancos por tener depositados sus remanentes.
Hay que recordar que en el Eurosistema se aplican tipos negativos de hasta el -0,50% por estos depósitos. Sin embargo, el mecanismo habilitado por Hacienda permite que las Entidades Locales no paguen intereses por prestar sus remanentes al Estado (que se financia a tipos negativos), ya que la Administración Central asumiría ese coste.
El decreto aprobado por el Gobierno que recoge el acuerdo con la FEMP incluye que de forma extraordinaria no se aplica la regla de gasto en los ayuntamientos durante el ejercicio 2020. La ministra se ha comprometido a extender esta medida a 2021 a través de los próximos presupuestos. Además, también se permitirá excepcionalmente prorrogar el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles, cuyos proyectos se iniciaron en 2019 y que se estén financiando con superávits de 2018.
Asimismo, la ministra recordó el compromiso de que en el próximo curso político se constituirá una mesa de trabajo técnica entre la FEMP y el Gobierno para sentar las bases de la reforma del sistema de financiación local.
Por otra parte, la titular de Hacienda ha indicado que el decreto recoge que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se incluirá un fondo de 275 millones para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de competencia municipal durante el período del estado de alarma, así como el que se produzca hasta final de 2020 por reducción de los ingresos por tarifa y costes extraordinarios ocurridos por la Covid.
Este Fondo podrá ampliarse hasta los 400 millones de euros siempre que se justifique y acredite la insuficiencia de la dotación inicial.
Municipios en riesgo de financiación
La ministra ha resaltado que el acuerdo establece mecanismos para que las diputaciones provinciales y entidades equivalentes den apoyo a municipios con problemas de liquidez o que se encuentren en riesgo financiero, que solo representan un 3% del total de municipios. Para ello, se crean dos instrumentos: Se permitirá formalizar préstamos o concertar operaciones de crédito con los ayuntamientos para financiar el remanente de tesorería negativo que presenten dichas entidades al cierre del ejercicio de 2019.
Se permitirá realizar, con cargo al superávit de 2019, transferencias corrientes a estos ayuntamientos con problemas, de carácter finalista, considerándose excepcionalmente en 2020 como inversiones financieramente sostenibles y no computando en regla de gasto.
Asimismo, se estudiará la revisión de las condiciones financieras de los préstamos formalizados con el Fondo de Financiación a Entidades Locales.
Por último, la ministra de Hacienda ha explicado que la prioridad del decreto aprobado por el Gobierno es dotar a los ayuntamientos de los recursos necesarios para afrontar los efectos negativos de la pandemia y ha apelado a la responsabilidad de los partidos políticos para llegar a un acuerdo. En este sentido, Montero ha ofrecido tramitar esta norma como proyecto de ley para incorporar las aportaciones que realicen los grupos políticos.
