La sesión plenaria de hoy ha dado luz verde a cinco mociones que originalmente pertenecían a alguno de los grupos, pero han acabado siendo unánimes tras una ardua negociación de quitar, cortar, añadir o puntualizar. Entre ellas está la del PP sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que en principio podría haber sido espinoso, ya que se trata de defender posturas contrapuestas entre gobiernos y oposiciones (a nivel nacional y local), pero se ha logrado llegar a un acuerdo.
De este modo, se insta al Gobierno de España a poder ampliar las inversiones para la provincia de Córdoba en el proceso de enmiendas del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2022, que actualmente está en 141,26 millones de euros, y a los grupos parlamentarios a presentar y a aprobar enmiendas donde se recojan inversiones necesarias en la ciudad que no vienen recogidas en el actual proyecto de PGE o incrementar partida de alguna de las que aparece.
Concretando en proyectos, se habla subvención capital para inversiones en la ciudad, mejoras en el Museo Arqueológico, actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la Variante Oeste Co-32, la Autovía A-4 Salida 403, las dos comisarías de la Policía Nacional, mejoras del Aeropuerto de Córdoba, barreras Acústicas en la A-4 junto al barrio Fuensanta (600.000 euros) y un fondo extraordinario por los gastos del Ayuntamiento de Córdoba extraordinarios generada por la pandemia de Covid-19.
Inversiones de la Junta
De igual modo se insta al equipo de gobierno a establecer contactos con la Junta de Andalucía para analizar las inversiones y actuaciones necesarias para nuestra ciudad ciudad y que las mismas puedan tener reflejo en el Presupuesto de la Junta de Andalucía 2022.
Y también se le reclama a la Junta a incluir en los Presupuestos para el año 2022 las siguientes inversiones y actuaciones tan necesarias para nuestra ciudad como son la conexión de la Carretera de Palma del Río con la carretera del Aeropuerto, la Autovía Jaén-Córdoba, el desdoblamiento de la carretera de Palma del Río, la aprobación del Plan de Aglomeración Urbana de Córdoba, la puesta en marcha del tren de Cercanías entre Villa del Río y Palma del Río (la explotación correspondería a la Administración andaluza, si bien la infraestructura sería estatal), la construcción de un Centro Cultural en Miraflores financiado con fondos municipales y de la Junta de Andalucía, la colaboración en el impulso de la construcción de la nueva sede del Museo de Bellas Artes en los solares junto a la Torre de la Calahorra, el plan de empleo para los barrios de Córdoba con mayores niveles de desempleo, la culminación definitiva de Ronda de El Marrubial, la colaboración en el desarrollo de la estrategia logística de Córdoba, las climatización de los centros escolares, las actuaciones en materia de rehabilitación y vivienda en Ciudad Jardín y un fondo extraordinario por los gastos del Ayuntamiento de Córdoba extraordinarios generada por la pandemia de la Covid-19.
En la moción original se incluían partidas presupuestarias que se han eliminado finalmente de la moción conjunta para las propuestas, y que eran 3,5 millones para la Biblioteca Pública del Estado; 2,5 millones para la subvención capital para inversiones en la ciudad;, 2 millones para el 'Metrotrén', 300.000 euros para mejoras en el Museo Arqueológico; 2 millones para actuaciones de la CHG; otros 2 millones para la Variante Oeste Co-32; 3,9 millones para la Autovía A-4 Salida 403; 3,8 millones para mejoras en el Aeropuerto; 493.000 euros para la reforma del Convento Regina (que se ha retirado); 600.000 euros para las comisarías, y 8 millones por los gastos extraordinarios por la Covid-19.
También del PP que ha salido conjunta una moción sobre la reforma de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público en el sentido de presentar para su estudio y debate en las Cortes Generales un proyecto de ley que persiga una simplificación de tramites administrativos para los procedimientos de contratación en las administraciones públicas de carácter local. Adoptar nuevas medidas para procurar una eficiente y rápida cobertura de todas las plazas de funcionarios habilitados nacionales que están sin ocupar en estos momentos en las entidades locales españolas.
Merma de plantillas municipales
Aprobar en los próximos Presupuestos Generales del Estado una tasa de reposición extraordinaria de personal al servicio de las entidades locales para aquellas administraciones que hayan visto mermadas sus plantillas de forma importante en los últimos años y que en estos momentos no pueden garantizar una correcta cobertura de los servicios públicos que prestan a la ciudadanos.
Proponer a la Comisión de Formación que se garantice el acceso a una formación adecuada de los técnicos del Ayuntamiento de Córdoba para facilitar a las entidades y/o empresas locales o regionales, medianas o micro, cooperativas, asociaciones o fundaciones su participación en la contratación pública.
Continuar e implementar la inclusión de clausulas y criterios sociales medioambientales en la contratación del Ayuntamiento de Córdoba, que con la ley 9/2017 de 8 de noviembre, permite implementar en toda su totalidad.
Y lo que a nivel local resulta más interesante dotar con una cuantía suficiente los Presupuestos Municipales 2022 para constituir la bolsa de trabajo del Ayuntamiento.
Otra cuestión que salió adelante por unanimidad ha sido que la teniente de alcalde de Desarrollo Económico, Turismo, Igualdad, Participación Ciudadana y Solidaridad y presidenta del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Isabel Albás (Cs) comperezca en el Pleno ordinario de noviembre, a petición de IU y Podemos, para hablar sobre su gestión.
Finalmente y, tal y como, se informó ayer, ha salido adelante una moción de Vox también conjunta sobre un apoyo al comercio local en el sentido.
Enmienda a la totalidad sobre la Lista
Por contra, la propuesta socialista para remar todos en la misma dirección de modo que en el Parlamento andaluz se tengan en cuenta las enmiendas pertinentes a la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (Lista) que beneficie a la provincia de Córdoba, fue cambiada por una enmienda a la totalidad de PP y Cs.
De este modo lo que ha sacado adelante el Pleno fue insta a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, a que en la tramitación parlamentaria del Proyecto de la Lista contemplen las propuestas de mejora a dicho texto presentadas por el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba en su comparecencia en Sede Parlamentaria.
Es decir, que se permita el adelantamiento de servicios de forma provisional a las urbanizaciones que están en trámite de regularización, mientras que siguen desarrollando los mismos. Sabemos que se usa el argumento de que una vez que cuenten con los servicios pueden relajar sus obligaciones: nada más lejos de la realidad. Es ahora, cuando han pasado 20 años de trámites y costes cuando están parados dichos trámites, En este tiempo, ha habido cambios en las personas, en sus circunstancias económicas y en la legislación, cada vez más exigente y no vislumbran el acceso a los servicios o a la regularización. Que se impidan los planes especiales a quien ya tenga el plan parcial o peri aprobado definitivamente, castiga paradójicamente, a los que han entrado por la vía de la regularización.
También que se permita la acción coordinada entre el vecindario propietario de las viviendas y la administración local, facilitando una sistema de actuación mixto entre la compensación y la cooperación. La ley debería permitir que los ayuntamientos puedan concertar soluciones de intervención mixta. Y de igual manera hay que flexibilizar la forma de presentar avales, cuándo hacerlo, o la forma de urbanizar y la posibilidad de hacerlo por fases. Quien se ha ido a vivir a zonas rústicas no tienen por qué urbanizar con las exigencias de un plan parcial habitual. Y la existencia de personas que ya habitan las viviendas, cada una con su propia realidad vital, debe atenderse mediante sistemas flexibles de ordenación y urbanización de lo ya construido.
Por contra, que se impida dotar de servicios a las viviendas situadas en sitios de especial protección, sin más, sin que se le ponga una limitación temporal solo contribuye a que la afectación al bien a proteger sea mayor. Centenares de viviendas con pozos y con sistema de saneamiento no regularizados solo produce problemas higiénicos y medioambientales. Hay que perfilar más a qué espacios protegidos se refiere la ley y cuáles son las viviendas que realmente afectan al bien protegido. Tengan en cuenta que la mayoría de las protecciones se ha impuesto a las viviendas, que ya estaban antes, sin evitar que crezcan y sin soluciones para que desaparezcan si se considera que es lo mejor. La ley debe obligar a las administraciones que imponen limitaciones a que las viviendas accedan a servicios a plantear soluciones y condiciones para ello pasado un tiempo razonable sin que actúen para restablecer la situación protegida.
Y en este sentido, permítanme que les solicite exactitud en la definición de realidades existentes. Por ejemplo, es faltar a la verdad decir que hay viviendas en Medina Azahara, lo que ha certificado la resolución de la Unesco para su declaración como patrimonio de la Humanidad. Dicha resolución señala claramente que si no se opta por la expropiación de las viviendas del entorno, lo conveniente es la coexistencia levantando una pantalla vegetal, por ejemplo. Lo que no puede permitir la LISTA es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la consejería de cultura, la consejería de medioambiente, o cualquier otra administración, impongan planes y normativas que no tengan en cuenta a las viviendas ya existentes, ya sea para fomentar su desaparición, si se opta por ello, o para permitir la coexistencia evitando agravar la situación de quienes las habitan y del medioambiente o del mismo bien patrimonial. La ley debe permitir acceso provisional a servicios mientras se buscan otras soluciones. Lo contrario es un asedio inhumano mediante la falta de agua potable o electricidad y saneamiento.
No más de cinco años
Y para quienes acaban los procesos de regularización, no es lógico que se permita que las administraciones locales impongan entidades de conservación con una temporalidad excesiva. A parcelaciones que llevan ya más de 20 años costeando su mantenimiento no se le puede exigir más de cinco años cuando pasen a legales. Y en la recepción de las obras de urbanización tras esos cinco años, no se puede exigir que se atenga a las nuevas normativas legales que se hayan podido producir. Los procesos de autonomía local, que defendemos desde siempre, no pueden conducir a excesos.
El CMC siempre estuvo a favor del punto final en este modo inadecuado de extender la ciudad, pero que una vez se consiguiera este habría que regularizar lo posible y dotar de servicios al resto, con cargo a los afectados pero con colaboración pública. En eso estamos y es lo que le solicitamos. Hay forma de atender a la peculiaridad de nuestra ciudad y que no suceda como con la LOUA que ha sido un esfuerzo inútil de 20 años.
