Un total de 1.729 menores con problemas de desarrollo o riesgo de padecerlos reciben actualmente atención en la red de centros de atención temprana coordinados y financiados por la Junta de Andalucía. Así lo ha puesto hoy de manifiesto la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Angeles Luna, durante la visita que ha realizado junto con el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez, a las instalaciones que la UCO gestiona gracias al acuerdo de funcionamiento y que en el pasado mes de enero se ha renovado.
Luna ha recordado que para garantizar el funcionamiento de estos centros la Junta de Andalucía destina en Córdoba en torno a 1,4 millones de euros anuales que se ejecutan entre contratos y convenios. Se trata, según la delegada, de una “apuesta firme por la atención y protección de la infancia en una situación económica difícil”.
En 2015 la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a través de una licitación publica con Acuerdo Marco de Gestión, adjudicó 10 Centros de Atención Infantil Temprana en la provincia de Córdoba por un total de 878.000 euros, para realizar programas de atención a los menores con necesidades especiales.
A esto se suman los casi 522.000 euros destinados a financiar los convenios establecidos con entidades públicas. En concreto, en la provincia de Córdoba, existen siete Centros de Atención Temprana Infantil que funcionan mediante convenios con ayuntamientos, uno a través de convenio con la Universidad de Cordoba y 10 mediante contratación a través del Acuerdo Marco de Gestión.
Renovación del acuerdo
El nuevo acuerdo que se renovó en enero por la delegada territorial y el rector permitirá garantizar el funcionamiento del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Córdoba. Su mantenimiento está íntegramente financiado por la Junta de Andalucía que destina 100.000 euros anuales a esta iniciativa.
El centro, con capacidad para atender niños de 0 a 6 años, presta actualmente atención a 65 menores a través de un equipo formado por 11 profesionales (6 psicólogos, 2 psicopedagogas, 1 maestro en educación especial, 1 fisioterapeuta y 1 administrativo).
En él se desarrolla, siguiendo el Proceso Asistencial de Atención Temprana impulsado por la Consejería de Salud, un conjunto de intervenciones para dar respuesta en el más corto plazo de tiempo a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con problemas de desarrollo como sensoriales, psicomotores o del lenguaje.
En concreto, de los 65 niños atendidos actualmente, un 90% presentan trastornos en el desarrollo fundamentalmente relacionados con la comunicación y el lenguaje (32,8%), el retraso evolutivo (17,2%) y trastornos del espectro autista (17,2%). Además, un 18% tienen trastornos motores o psicomotores y un 4,7% presentan factores biológicos de riesgo.
Nuevo decreto
La Junta de Andalucía ha iniciado ya la tramitación del nuevo Decreto de Atención Temprana que garantizará que los menores que lo requieran tengan asegurada una atención temprana universal, gratuita y de calidad, mediante acciones coordinadas a través de un modelo integral que agrupe intervenciones realizadas desde los diferentes sectores, educativo, sanitario y social.
La futura norma ha sido elaborada con las aportaciones de las entidades del sector y además, se han tenido en cuenta las propuestas de mejora aportadas por los diferentes partidos políticos en los últimos meses.
El objetivo del Decreto, según señala la delegada territorial, es “prevenir, fomentar la detección precoz, asegurar por tanto, el diagnóstico y el tratamiento de los menores de 0 a 6 años que presenten trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlo”.
Unidades de atención temprana
Asimismo, se contempla la creación de unidades de atención temprana, adscritas al Servicio Andaluz de Salud y constituidas por equipos de profesionales con carácter interdisciplinarios, que contarán con una organización territorial suficiente para acercar esta atención a los menores con problemas de desarrollo.
Estas unidades realizarán la valoración de las necesidades de los niños y niñas, de sus familias y de su entorno y la idoneidad de la necesidad de intervención temprana, emitiendo los informes correspondientes.
