El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha avanzado esta mañana en Córdoba que en el plazo de un mes se iniciarán las obras de la nueva sede judicial de Lucena, que contará con una inversión de 5,8 millones de euro y ha sido adjudicada a Vialterra, de Jaén.
El responsable autonómico ha visitado la capital cordobesa para lo que ha sido la inauguración oficial de la Oficina Fiscal, si bien ya entró en funcionamiento el pasado 13 de octubre. "Por fin ponemos en servicio esta Oficina, en un acto que sirve para mostrar nuestro compromiso de convertir a la Justicia en un derecho fundamental de la ciudadanía como lo es la sanidad, la educación o las políticas sociales". Para 2022, además, saldrán adelante y entrarán en servicio el resto de oficinas fiscales de Andalucía, salvo la de Jerez de la Frontera, que, "por circunstancias, se retrasará algo más".
Marín ha señalado que, aparte de esta oficina, en la provincia se han puesto en marcha otras cuestiones, tales como turnos de oficio, la asistencia jurídica gratuita, los refuerzos en todos los órganos judiciales o la apertura de nuevas salas Gesell, para la protección y la privacidad de las víctimas, en varias localidades cordobesas. Aparte de esto, "seguimos dando pasos hacia adelante en lo que consideramos una prioridad de este Gobierno y esperamos que a lo largo de 2022 podamos culminar muchas de las grandes obras que ahora se inician en toda la comunidad andaluza, ha señalado en alusión a las de Sevilla, la Ciudad de la justicia de Cádiz, cuyo convenio de puesta en marcha se firmará con el Ayuntamniento antes de final de año, o la Ciudad de la Justicia de Jaén.
Para ello, "estamos dotando a la Consejería de un presupuesto que le permite cubrir las necesidades que tiene el sistema judicial andaluz". Así, en las cuentas de 2022 la partida presupuestaria de Justicia asciende a 633 millones de euros, es de cir un 43% más que hace dos años.
Por su parte, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha señalado que la implantación de esta oficina supone todo un cambio de la cultura de trabajo, con una organización diferente basada en criterios de agilidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, con la única intención de ofrecer un mejor servicio.
"La andadura ha sido algo lenta, pero ahora felicito al director general de la Oficina Judicial y Fiscal (Carlos Rodríguez Sierra) por el impulso que, tras la suspensión por la triste situación de pandemia, se le ha dado para implantar esta oficina en Córdoba". Para Tárrago, es un nuevo paso hacia la modernización de la Administración de Justicia, que, por cierto, "no puede ir ajena a su propia estructura, por lo que tiene que producirse una integración, y a todos nos gustaría que se llevara a cabo en las aplicaciones judiciales y fiscales para funcionar mejor".
De igual modo, el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, a preguntyas de los periodistas, ha señalado que en la Fiscalía Provincial los refuerzos no han sido de personal, sino que se han distribuido entre el funcionariado determinados grupos de horas durante un tiempo determinado. Ya se ha llevado a cabo una primera fase en esos refuerzos, que acabó en junio, y ahora se ha iniciado una segunda fase en la que están participando todos los funcionarios de la Oficina Fiscal, para realizar "trabajos extraordinarios de archivo y demás, pero no de labor habitual de la Fiscalía", ha añadido.
Eso quiere decir que son "horas extras que agilizan todo lo que son cuestiones ajenas al trabajo ordinario", en las que "se saca todo el papel y lo ponen a disposición de los fiscales para que se tramiten en el menor tiempo posible". Es verdad que la creación de la Oficina Fiscal ha supuesto un "pequeño incremento de funcionarios", con una persona del Cuerpo de Gestión y otra del Cuerpo de Tramitación, que ya estaba trabajando allí con antelación, "pero, evidentemente, no es suficiente".
En este sentido, la aspiración de todas las fiscalías en general es que haya un tramitador por fiscal. En la actualidad, hay 33 fiscales y 22 tramitadores en la capital más dos en Lucena, es decir 24, con lo que la media es de 0,72. A eso se le añade que hay cinco funcionarios del Cuerpo de Gestión y cuatro funcionarios del Cuerpo de Auxilio para la Fiscalía de Córdoba.
