La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha señalado esta mañana en Córdoba, que la denuncia a la Fiscalía sobre una posible malversación de fondos públicos (unos 7,4 millones de euros) por parte de los sindicatos UGT y CCOO en la gestión de las residencias 'Tiempo Libre' en Andalucía entre los años 2003 y 2006, es porque "sólo hemos cumplido con nuestro deber como función y administración pública que somos".
Blanco ha explicado que en la Consejería se toparon con un informe elaborado en noviembre de 2018 por los Servicios Jurídicos autonómicos en el que se ponía de manifiesto que los sindicatos no ingresaron los fondos públicos correspondientes a los precios públicos cobrados a los usuarios por la adjudicación de plazas en estas residencias, pero se encargó un nuevo informe al gabinete jurídico en abril pasado. Al mes siguiente el segundo texto ponía de manifiesto que "hay una prescripción en la posibilidad de reclamar estos fondos por vía administrativa y civil y sólo quedaba la vía penal".
Para la consejera, "es una obligación como poder público poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos y estamos a expensas de lo que determine la Fiscalía, y si se sigue con las instrucción por haber indicios de delito eso ya estaría fuera de nuestra competencia".
Blanco ha señalado también que el día a día de la Consejería es velar por las arcas públicas y que, lejos de investigar expresamente alguna cuestión, "todo lo que nos encontramos en la gestión diaria con indicios de delito actuamos".
