Son las cosas de la burocracia y la forma que tienen las administraciones públicas de relacionarse entre sí, en no pocas veces con términos equívocos. Para desbloquear el proyecto de centro comercial en el Parque Tecnológico Rabanales 21, actualmente paralizado por cuestiones urbanísticas, el Ayuntamiento "está a la espera de un informe", en palabras de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, solicitado a la Junta de Andalucía para aclarar si es necesario otro informe del proyecto, el de evalución ambiental. Es decir, hace falta un papel que aclare lo que dice otro documento.
Lo más sorprendente del lío de papeles en el que está encallado el proyecto es que el Ayuntamiento le va a preguntar a quien ya ha respondido a la cuestión en otro, precisamente, informe: la Junta de Andalucía. La Administración autonómica, a la hora de examinar la documentación, apuntó que era necesario un estudio de evaluación ambiental. Y también indicaba, aunque ésa es una cuestión más sencilla de solucionar, que el PGOU actual no permite el uso comercial en la zona. Ninguna de las dos advertencias del Gobierno andaluz eran vinculantes, tal como reconoció anteayer la delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: "El informe de la Junta de Andalucía es preceptivo y no vinculante".
Pues bien, el Ayuntamiento ahora se dirige de nuevo a la Junta para que aclare las dudas sobre la necesidad o no del informe de impacto ambiental. Esas dudas proceden del momento en que se puso en marcha el proyecto de Rabanales Plaza: si fue antes de la entrada en vigor de la ley que obliga a evaluar las condiciones ambientales o después. La respuesta de la Administración autonómica "estará aquí la próxima semana", ha asegurado la regidora.
Tanto el informe de evaluación ambiental -en caso de ser necesario- como la modificación del PGOU que habrá que hacer suponen un retraso que Ambrosio reconoce como "un contratiempo en la viabilidad del Parque Tecnológico". Y aunque la regidora ha asegurado que no quiere "hablar de tiempos", acto seguido ha manifestado que se necesitan "seis u ocho meses para la solución" a los problemas burocráticos de Rabanales 21.
La modificación del PGOU requerida para permitir los usos comerciales en Rabanales Plaza "debió hacerse al mismo que se tramitaba su aprobación", ha dicho la alcaldesa. Con ello carga las tintas sobre el anterior gobierno del PP, que fue quien puso el plan sobre la mesa y se olvidó, según ha reconocido el portavoz popular José María Bellido, de que una gran superficie en la zona no estaba amparada por las normas urbanísticas.
Bellido, al hilo de las intenciones del Consistorio cordobés, ha indicado hoy que los obstáculos planteados por la Junta de Andalucía "no eran insalvables" y ha pedido a la Gerencia de Urbanismo "celeridad" para poner en marcha todos los trámites. En opinión del PP, la modificación del PGOU se podría solventar en un mes, un punto que ha sido negado tajantemente por la Delegación de Ordenación del Territorio.
Un proyecto que no encaja, la única solución
A todo esto, el centro comercial de Rabanales Plaza no encaja en el modelo económico para la ciudad que quiere el cogobierno, tal como ha reconocido la alcaldesa. Pero es la "única solución", ha dicho Ambrosio, a los problemas económicos del Parque Tecnológico, un proyecto de innovación e investigación en el que se encuentran representados Caixbank, la UCO, Cajasur, Prasa, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial -en orden de accionariado-. Los problemas económicos del Parque son graves y la instalación de un centro comercial en lo que debería ser un espacio científico aparenta ser la única vía de rescate.
Para evitar el posible impacto negativo sobre el comercio tradicional en la ciudad, la regidora ha recordado que el cogobierno ha realizado sustanciales modificaciones en el proyecto inicial, que incluyen mejoras en el diseño y "líneas rojas para no afectar al comercio".
