POLÍTICA AUTONÓMICA

El PSOE destaca que "por cada andaluz que percibe la Renta Mínima hay siete que reciben el IMV"

La medida de Juan Moreno ha llegado en 2022 a un total de 68.714 andaluces y la del Gobierno de Pedro Sánchez, a 487.743
La senadora por el PSOE de Córdoba María de los Ángeles Luna
photo_camera La senadora por el PSOE de Córdoba María de los Ángeles Luna

La senadora por el PSOE de Córdoba María de los Ángeles Luna ha comparado este martes las ayudas a la exclusión social tramitadas por el Gobierno andaluz con las del español, de manera que ha destacado que "por cada andaluz que percibe la Renta Mínima hay siete que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV)".

En una rueda de prensa, la socialista ha indicado que "mientras que la Renta Mínima auspiciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), ha llegado en 2022 a un total de 68.714 andaluces, el Ingreso Mínimo Vital tramitado por el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) ha beneficiado a 487.743 andaluces, siete veces más que la ayuda autonómica".

Ello, a juicio de la senadora, "demuestra que existen dos formas de gobernar, a izquierda y derecha, y que la diferencia de sensibilidad entre ambas es notaria y manifiesta".

Así, Luna ha recordado que "Andalucía tiene la tasa de pobreza más alta de España, con un 32,3%, y que cuatro de cada diez menores de 18 años están en riesgo de pobreza o exclusión social, con un 43,7%, cuando la media nacional se sitúa en un 33%".

"Con más de tres millones de andaluces en riesgo de exclusión, el Gobierno de Moreno Bonilla sólo reconoce a 68.714 perceptores de Renta Mínima, lo que supone un 2,9% de la población, mientras ya hay reconocidos en Andalucía 487.743 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, el 17,3% de la población, de los que 47.941 son beneficiarios de la provincia de Córdoba", ha expuesto la senadora.

Con estas cifras, ha sostenido que "Moreno Bonilla, en vez de implementar ayudas a los más vulnerables, renuncia a la ayuda a la infancia que prometió en campaña, ya que nada relativo a su compromiso electoral se recoge en los presupuestos del rodillo de 2023, y además recorta un 36% la partida destinada a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía".

"La diferencia de sensibilidad es notoria con respecto al Gobierno de Pedro Sánchez, que mantiene el incremento del IMV y de las pensiones no contributivas para el 2023 en un 15%", ha afirmado la senadora, quien ha reprochado, en cambio, que "Moreno Bonilla exima de impuestos a quienes más tienen mientras que Pedro Sánchez incrementa las prestaciones para ayudar a la clase trabajadora".

Ley de Familias

En este sentido, Luna ha defendido el anteproyecto de Ley de Familias aprobado en el mes de diciembre por el Consejo de Ministros que "persigue el reconocimiento jurídico de las distintas estructuras familiares existentes en la sociedad española, así como determinar las prestaciones y servicios a los que tienen derecho y, sobre todo, reducir la pobreza infantil".

"El avance del feminismo, de los derechos Lgtbi o la creciente demanda de cuidados por el progresivo envejecimiento de la población constituyen cambios significativos que ponen de manifiesto nuevas demandas a las que debemos dar respuesta", ha mantenido Luna, quien ha aseverado que "esta ley garantizará el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familias y su protección, porque ya no existe la familia, sino las familias, en plural".

Al respecto, ha citado "las parejas de hecho, familias formadas por una sola persona progenitora, familias en las que uno o ambos miembros de la pareja tienen hijos de uniones anteriores o familias adoptivas y acogedoras", entre otras.

Entre las nuevas medidas de protección que traerá la nueva Ley de Familias enarbolada por los grupos que sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez, Luna ha destacado "el establecimiento de un marco estatal de apoyo a los primeros mil días orientado a garantizar que todos los niños tengan condiciones mínimas de bienestar durante su primera etapa de vida".

En este caso, se incluyen "disposiciones relativas a la garantía de un entorno saludable, seguro y accesible, el acceso a un sistema sanitario y educativo universal, de calidad e inclusivo, el acceso a una alimentación saludable y sostenible, el apoyo para el desarrollo de habilidades y competencias parentales y garantía del equilibrio de la vida profesional y privada para las personas adultas responsables de la crianza".

Yendo más a lo concreto, la senadora ha especificado que "entre las medidas recogidas en el anteproyecto figura la extensión de la renta crianza de cien euros al mes a un mayor número de familias con hijos e hijas de cero a tres años que ha entrado ya en vigor este 1 de enero gracias a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que suponen unos beneficios fiscales de 200 millones de euros".

Ayudas a la crianza para madres trabajadoras

Según un cálculo estimado que ha indicado la socialista, "esta medida va a beneficiar a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres, con lo cual, prácticamente se llega al objetivo último de universalización de este complemento de crianza, lo que puede incentivar a la natalidad en el país".

"En la provincia de Córdoba, por ejemplo, se han reconocido 9.915 prestaciones del complemento para la ayuda a la infancia a mujeres trabajadoras, cifra que se incrementará considerablemente con el nuevo sistema", ha expuesto.

Además, ha apuntado que "la ley amplía derechos y coberturas para las familias numerosas, monoparentales, con miembros discapacitados o en tratamiento hospitalario, entre otras, así como facilidades en el acceso a becas, abonos de transportes públicos o reducción de precios públicos y la garantía del derecho a la conciliación con la creación de tres nuevos permisos de cuidados por accidente o enfermedad, por situaciones de fuerza mayor o permiso parental, éste último de aplicación progresiva de seis semanas en 2023 y de ocho semanas en 2024".

Asimismo, ha resaltado que "la nueva ley protegerá el derecho de los niños y adolescentes a la información y a la participación en actividades sobre diversidad familiar en el marco educativo, lo que impedirá la aplicación del denominado veto o pin parental u otro mecanismo similar y garantizará su libre desarrollo de la personalidad".

Luna ha cifrado el impacto económico de las medidas incorporadas en el anteproyecto en "alrededor de 628 millones de euros anuales". "Es necesaria la ley, porque la conciliación de la vida laboral y personal de los padres y las madres es muy difícil y demasiado a menudo depende de escuelas, actividades extraescolares y de la ayuda de los abuelos, y porque existe una necesidad de refuerzo en el apoyo a la crianza, ya que las encuestas revelan que las mujeres jóvenes en España querrían tener más hijos, pero no lo hacen porque no se lo pueden permitir", ha explicado.

Bajada del paro

De otro lado, Luna se ha referido a los datos del paro registrado con que ha cerrado 2022 y que, en el caso de la provincia, "ha descendido un 4,1% con respecto al año anterior con 62.664 personas desempleadas, la tasa más baja desde la crisis del ladrillo, hace más de una década".

Al hilo, la senadora ha expresado que "a nivel nacional el paro cae por debajo de los tres millones hasta los 2,84 millones inscritos en las oficinas de empleo, 268.000 menos que a finales de 2021 y la cifra más baja desde 2007".

"Esta buena noticia demuestra que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y las medidas para contener la inflación y proteger a las clases medias y trabajadoras ante la crisis funcionan y son útiles, y prueba de ello es que el primer año de la reforma laboral reduce la temporalidad a la mitad, y se sitúa en el mínimo histórico del 16%", ha indicado.

Igualmente, ha remarcado que "en la provincia, la contratación indefinida en 2022 ha aumentado en un 472% con respecto a 2021". "Los jóvenes tienen cada vez más empleos estables: tres de cada cuatro cuentan con un contrato indefinido, mientras que antes de la reforma apenas eran la mitad", ha apostillado.