sábado 28.11.2020
Cordoba Hoy

MENORES

La Junta explica el decreto de concierto social a los centros concertados de protección de menores

En Córdoba hay 12 centros de menores (tres de titularidad pública y nueve concertados) que agrupan un total de 159 plazas, 75 públicas y 84 concertadas

Reunión de la delegada con los responsables de centros de menores
Reunión de la delegada con los responsables de centros de menores
La Junta explica el decreto de concierto social a los centros concertados de protección de menores

La delegada de Políticas Sociales, entre otras áreas, de la Junta en Córdoba, Inmaculada Troncoso, se ha reunido con los responsables de los nueve centros concertados de protección de menores de la provincia para conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en cada uno de ellos y explicarles el decreto que regula el concierto social, modalidad de contratación de servicios públicos vinculados a los servicios sociales que entró en vigor el pasado año.

En Córdoba hay 12 centros de menores (tres de titularidad pública y nueve concertados) que agrupan un total de 159 plazas, 75 públicas y 84 concertadas.

Tras la reunión de este jueves, Troncoso ha destacado el trabajo que se desarrolla en los centros concertados, donde "se garantizan la calidad técnica y la calidez de la atención y actuación profesional con los menores acogidos".

Al respecto, ha agregado que todo ello es por disponer de una dinámica de funcionamiento basada en el modelo de convivencia familiar, garantizando la respuesta a todos sus derechos y necesidades, así como el pleno desarrollo personal de los menores acogidos.

La responsable de la Junta de Andalucía no ha querido olvidar "el trabajo callado que realizan todos los trabajadores y profesionales de los centros de menores", a los que ha dedicado unas palabras de reconocimiento.

Asimismo, Troncoso ha puesto de relieve durante la reunión que el concierto social es una nueva figura administrativa especial, de mayor flexibilidad y garantía de calidad, por la cual se establece la prestación de servicios sociales de responsabilidad publica a través de entidades cuya financiación, acceso y control son públicos.

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