Desde dicho departamento han remarcado que "esta norma es de obligado cumplimiento para todos los centros sanitarios públicos". Por tanto, "ninguna comunidad autónoma puede autorizar la dispensación con cargo a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud de medicamentos en los que haya una resolución expresa del Ministerio de Sanidad de no financiación, como es el caso", según han expuesto a Europa Press.
En este sentido, han apuntado que "la aprobación de medicamentos es una competencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)", a lo que han agregado que "una vez que un medicamento es aprobado por este organismo, el Sistema Nacional de Salud es el encargado de decidir su incorporación o no a la financiación pública".
En cualquier caso, desde la Consejería de Salud y Familias, que dirige el cordobés Jesús Aguirre, han precisado que "conscientes de la complejidad del proceso y sensibilizados con la situación de la paciente, se ha trasladado toda la información pertinente a los interesados".
Mientras tanto, la familia de Teresa Muñoz Albalá ha pedido este jueves una reunión con el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ante "la preocupante situación" que están viviendo al "retirarle el tratamiento por ser mayor de 55 años".
En una carta, la hija de la paciente y su yerno exponen que "hace dos años, cuando detectaron los primeros síntomas de la enfermedad" a Teresa Muñoz, le prescribieron tratamiento con Ocrelizumab, "único fármaco autorizado para el tipo de esclerosis que padece (primaria progresiva), que ha demostrado su eficacia para frenar la progresión de la discapacidad en estos pacientes, entre 12 y 24 semanas".
Con 60 años empezó a recibir ese tratamiento, pero "en febrero pasado, cuando llevaba dos años recibiéndolo -cuatro dosis-, en una cita con el Servicio de Neurología del Centro de Especialidades Castilla del Pino, en Córdoba, los médicos le dijeron que 'no podrían seguir administrándoselo, porque no está financiado para pacientes mayores de 55 años', sin ofrecer ninguna otra alternativa, hasta el momento".
En estos meses, según precisan, "hemos visto cómo la calidad de vida de Teresa ha ido empeorando sin el tratamiento". "Nos sentimos abandonados por la administración y estamos intentando, por todos los medios, que el criterio se revierta", defienden, argumentando que "el Real Decreto regulador (RD. 1015/2009, artículo 13) permite hacer una excepción con casos como los de mi madre en el que no existe otro tratamiento específico como alternativa", según remarca la hija de la afectada.
