La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé celebrar este martes y miércoles el juicio a un agente de la Policía Nacional, acusado de descubrimiento y revelación de secretos y omisión de perseguir delitos, tras supuestamente revelar datos de investigaciones a terceras personas al consultar en bases policiales. La Fiscalía ha pedido para él penas de tres años de cárcel, inhabilitación durante 15 años y multas de 9.000 euros.
Igualmente, el fiscal ha solicitado una pena de dos años y seis meses de prisión para un hombre, por la supuesta comisión de un delito de tenencia ilícita de armas, y con quien el agente tuvo varias conversaciones en las que dicho varón presuntamente realizaba amenazas de muerte a varias personas, pero el policía "no comunicó tales hechos a autoridad policial o judicial alguna, ni realizó gestión alguna para evitar tales hechos". En un registro policial en su domicilio le encontraron un arma.
Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, el policía estaba destinado en la oficina de denuncias de la Plaza Judá Leví de la capital cordobesa y desde noviembre de 2013 a abril de 2014 ha realizado 126 consultas en las bases de datos informáticos de la Policía.
Al respecto, el procesado está autorizado para acceder a dichas bases para todos los asuntos que tienen que ver con su puesto, pero "no está autorizado para recabar información sobre investigaciones policiales relacionadas con procedimientos judiciales o en las que no intervenga o tenga relación con su trabajo".
De este modo, "conociendo las limitaciones", el acusado presuntamente informó a personas investigadas por la Policía, "sabiendo el perjuicio que se deriva"; tuvo información para "realizar negocios particulares", o accedió a datos de personas implicadas como denunciantes o testigos, de manera que "consultó y se quedó con la información recabada en 33 ocasiones de los registros informáticos" de asuntos sobre sustancias estupefacientes, además de realizar otras 19 consultas sobre dicho tema y diez veces sobre familiares o conocidos.
En definitiva, el Ministerio Público detalla que del total de consultas realizadas por el procesado en el citado periodo, el 49% no tenía relación con su actividad profesional y el 41% tiene relación con investigaciones realizadas por la Policía por delitos contra la salud pública.
