El juicio con jurado contra el falso cura, en prisión provisional, y el abogado acusados de haber planeado y perpetrado el asesinato de Juan Carlos, un varón de unos 45 años y con enfermedad mental, en la aldea cordobesa de La Chica Carlota en septiembre de 2017 comenzará el 6 de junio en la Sección Segunda de la Audiencia de Córdoba.
Según recoge el auto de hechos justiciables, al que ha tenido acceso Europa Press tras adelantarlo la prensa provincial, "el riesgo de fuga u ocultación resulta altísimo" por parte del procesado en prisión provisional, por lo que "se estima conveniente la pronta celebración del juicio para que, en caso de que se produzca una sentencia condenatoria, pueda mantenerse hasta la mitad de la pena impuesta dicha medida, como legalmente es posible, o bien su inmediata puesta en libertad en el supuesto contrario", todo ello ante "sus antecedentes y el hecho mismo de que se sometió a una operación de cirugía estética" tras los hechos que se juzgarán.
Como hechos justiciables señala "la muerte violenta llevada a cabo de forma intencionada" por el acusado preso de Juan Carlos, ocurrida en su domicilio de la aldea de La Chica Carlota, "en hora no determinada entre las 14,00 del día 3 y las 17,00 horas del 5 de septiembre de 2017, "con la connivencia del otro acusado, prevaliéndose de la enfermedad mental de la víctima, que padecía esquizofrenia paranoide".
"Dicho acto fue llevado a cabo para facilitar la impunidad del hecho siguiente, una vez que el fallecido tuvo contacto con otro abogado", indica el auto, que apunta a "la entrega sucesiva de varias sumas de dinero, que en total ascienden a 9.700 euros entre los días 1 de marzo y 12 de junio de 2017, bajo engaño" que el letrado procesado "urdió, para conseguir de Juan Carlos dicha entrega, fingiendo la realización de un determinado encargo profesional y prevaliéndose de su crédito profesional".
Al respecto, se indica "la participación activa del otro acusado, que desempeñó el papel del 'investigador' que habría de colaborar en la interposición de una denuncia o querella por los abusos sexuales que dijo haber sufrido hacía algún tiempo".
Asimismo, advierte de "la sustracción, consecutiva a la muerte de la víctima, de determinados objetos personales, vehículo y documentación de ésta"; "el apoderamiento mediante el uso de tarjetas bancarias de un total de 37.337 euros", realizando distintas operaciones, como extracciones en cajero automático, la compra de determinadas herramientas con las que "hace desaparecer el cuerpo de Juan Carlos en una ferretería" y la obtención de un préstamo, entre otras.
Igualmente, se cita "la frecuente utilización de la documentación de Juan Carlos, por quien el acusado preso se hacía pasar, tanto para las operaciones anteriores como para eludir responsabilidades o justificar el uso del vehículo sustraído", y "la falsedad documental, atribuyendo a la víctima la condición de sujeto contractual en el préstamo concertado con una entidad por 30.000 euros".
"FECHA TOPE", 26 DE JUNIO
En relación con la celebración del juicio, el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Sánchez Zamorano, manifestó la semana pasada que esperaba que el juicio se celebrase antes del 26 de junio, "que es la fecha tope cuando habría que poner en libertad" al acusado en prisión provisional.
En una rueda de prensa, el magistrado aseveró que tratan de "poner todos los medios al alcance para que no haya que llegar al hecho de que se celebre el día del juicio y hayan pasado los cuatro años de prisión preventiva máximos en los que puede estar una persona antes de ser enjuiciada y haya que poner en libertad".
Así, abundó en que "se está tratando de hacer todo lo posible", después de que este juicio con jurado- "se ha complicado por muchas razones" y se está "en una situación límite, que no es deseable, ni aconsejable para nadie, ni para la imagen de la propia administración de justicia", admitió Sánchez Zamorano.
En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Posadas y de Violencia sobre la Mujer dictó a finales de 2021 apertura de juicio oral contra ambos acusados, que se enfrentan a la pena de prisión permanente revisable.
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
Según recoge dicho auto, la Fiscalía considera que el falso cura es autor de un delito de asesinato y pide para él prisión permanente revisable, o subsidiariamente, 25 años de cárcel, así como cinco años de prisión por un delito de robo con violencia e intimidación y sendas penas de tres años por un delito continuado de estafa, otro de falsificación en documento mercantil --con multa de 5.400 euros--, usurpación de estado civil y tenencia de armas prohibidas.
Respecto del letrado, el Ministerio Público pide cinco años de prisión y multa de 36.000 euros por la supuesta comisión de un delito de estafa. También, demanda indemnizaciones para los hermanos de la víctima por unos 250.000 euros en total.
Mientras, la acusación particular pide para ambos la prisión permanente revisable por delito de asesinato grave, y, alternativamente, por el delito de asesinato prisión de 25 años, así como cinco años de cárcel para cada uno por delito de robo con violencia, 12 años para el falso cura por delitos de tenencia ilícita de armas, usurpación del estado civil y continuado de estafa, y/o por hurto, tres años. Y respecto del abogado, dos años de prisión por delito de usurpación del estado civil y cinco años por estafa.
Entretanto, el referido auto explica que el acusado en prisión provisional "con el dinero obtenido se sometió a una operación de cirugía estética" en octubre de 2017 en Madrid. Fue detenido en Madrid en enero de 2018. Casi un año más tarde, el 2 de agosto de 2018, se localizó el cadáver de Juan Carlos enterrado en el patio de su casa.
Ante ello, en el auto de hechos justiciables se declara "hábiles todos los días en el período comprendido entre el 6 de mayo y el 6 de junio, a excepción del plazo de cinco días para la devolución del cuestionario remitido a los candidatos a jurados y aquél de que disponen las partes para formular excusas, así como los sábados subsiguientes hasta el día 25 de junio".
También, se dispone que se proceda a "la inmediata celebración" del sorteo de jurado, ya celebrado, y "dada la urgencia del asunto, recábese la máxima colaboración posible de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la realización de actos de comunicación".
