El juez ordena a la Fiscalía que investigue una denuncia del PSOE por irregularidades contra la actual gerente del SAS
El juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Liana, ha dispuesto que el Ministerio Fiscal incoe diligencias previas de carácter criminal contra la que fue directora de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Universitario Reina Sofía-Centro Gasto 3980 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el periodo 2020-2021, Valle García, en relación a los delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y fraude contra la administración, tras una denuncia del PSOE realizada el pasado el 30 de octubre de 2025, según indica el auto judicial al que ha tenido acceso este periódico.
En concreto la investigación es por la presunta comisión de diferentes delitos en relación con contratos de compras y suministros realizados por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Reina Universitario Sofía durante la pasada pandemia del Covid, en concreto entre los años 2020 y 2021.
En la denuncia del PSOE se hablaba de "la existencia de numerosas irregularidades, basadas en esencia en la injustificada utilización de la contratación menor o prórrogas de contratos existentes, como forma de eludir el trámite de procedimiento ordinario, con las consecuencias que podrían derivarse de ello en orden a la vulneración de los principios de competitividad y transparencia en la gestión de los fondos púbicos destinados a las las distintas áreas de la competencia de dicha autoridad administrativa, referidos a los ejercicios 2020 y 2021". Esta querella nace de la base de un documento al que habría tenido acceso el PSOE, denominado 'Informes Definitivos de cumplimiento' emitidos por la Intervención Provincial del SAS el 30 de septiembre de 2022 y el 30 de mayo de 2024.
Y, aunque en la denuncia socialista también se hablaba de "malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal", el juez ha estimado que, por el momento, no hay indicios suficientes para investigarla por tales hechos, si bien dependerá de la evolución de las actuaciones que se incluyan como nuevos expedientes administrativos distintos a los descritos como objeto de la investigación actual.
En base a esa documentación de la Intervención Provincial del SAS, se considera que se habían cometido delitos de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal); malversación de caudales públicos (artículo 432 del Código Penal); falsedad (artículo 390 del Código Penal); de fraude en la contratación pública (artículo 436 del Código Penal) y delito de pertenencia a organización criminal (artículo 570 bis del Código Penal).
Así, en el escrito del PSOE requerido por el juzgado para ampliar el expediente y justificar la denuncia, se destacan irregularidades que se consideran constitutivas de delito en un total de 573 expedientes, de los que 334 corresponden a 2020 y 239 al año 2021. Y será a partir de estas precisiones sobre las que trabajará en la fase liminar de admisión a trámite de la querella criminal interpuesta pr el PSOE.
El auto añade que el núcleo esencial de la imputación jurídica deriva de la supuesta utilización, aparentemente generalizada, de contratos menores como forma de tratar de eludir un procedimiento de contratación ordinario que no solamente ofrece mayores garantías procedimentales, sino que universaliza la publicidad del expediente y facilita una concurrencia competitiva que podría favorecer, sin necesariamente derivar en un detrimento en la calidad del servicio, unos mejores precios a cargo de la Administración.
Por ello, el magistrado reclama que, "por la Intervención Provincial del SAS en Córdoba se aporte" al juzgado "copia de los informes emitidos por cada uno de los expedientes" que son "objeto de investigación, así como las alegaciones o justificaciones que se hubieran presentado durante su tramitación".
Igualmente, se libra "oficio al Servicio Jurídico del SAS en Córdoba para que emita informe sobre los siguientes extremos, referidos todos a los expedientes administrativos objeto de investigación en la presente causa", en primer término "sobre la normativa de carácter general o específica determinada por la propia dirección del organismo u órganos superiores en relación con la tramitación de expedientes de contratación, la opción por contratación menor o de emergencia y su justificación; con determinación de fechas en que tales normas estuvieran aplicables respecto de los ejercicios 2020 y 2021".
También le pide al Servicio Jurídico del SAS la "identificación de personal técnico destinado a tramitar los expedientes, emitir informes sobre tramitación o controlar su regularidad administrativa, tanto previa, como posterior a su tramitación, o con capacidad de decisión sobre los mismos, bien a nivel de propuesta de resolución, bien para toma de decisión por sí mismos. De existir, criterios para selección de posibles licitadores en contratación menor o por trámite de urgencia, así como procedimientos para garantizar en estas contrataciones la concurrencia competitiva de licitadores".
El togadso ha indicado que su decisión se ponga en conocimiento de la propia Valle García y del Servicio Andaluz de Salud, al tiempo que al PSOE, como parte querellante, se le requiere una fianza de 12.000 euros para ejercer sus derechos en condición de acusación popular.