Izquierda Unida y Podemos han mantenido una reunión con representantes sindicales de CTA del servicio de Ayuda a Domicilio en la capital cordobesa. Las representantes políticas han escuchado atentamente las principales reivindicaciones y problemas que siguen padeciendo las trabajadoras del sector, que en Córdoba incluye a unas 900 mujeres para atender a casi 3.000 usuarios y usuarias. Un colectivo altamente feminizado que continúa siendo en precariedad laboral y una falta total de estabilización en las plantillas en este tipo de empresas especializadas.
En estos momentos, se está esperando que en un breve espacio de tiempo las nuevas empresas adjudicatarias de un contrato de 37 millones de euros, es decir, la Cooperativa Claros S.C.A. para la atención social de usuarios y Eulen para la limpieza, firmen el contrato y comiencen con su labor. Se desconoce la fecha para realizar este trámite, pero las trabajadoras sí han avanzado que "no hay ninguna modificación en el pliego para adecuarlo a la situación de pandemia que se está sufriendo en el mundo entero por la Covid-19, muy a pesar de que se le ha pedido de forma insistente a la Administración que así fuera".
En esa misma línea, a día de hoy, ni la empresa ni los servicios de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía les han comunicado sobre cuándo van a ser vacunadas, a pesar de que estaban en el grupo 3 de la lista de prioridades de la Junta al ser personal sociosanitario y estar en contacto directo con una población especialmente sensible a la pandemia, como es de las personas mayores.
En opinión de las representantes políticas de Podemos e IU presentes en la reunión, "esto, además de un absurdo incomprensible, es un auténtico atentado contra la salud de estas trabajadoras, de sus familiares y, sobre todo, de sus usuarios y usuarias, personas, además, en altísimo riesgo por su edad y sus patologías en la mayoría de los casos".
Se pone, así, sobre la mesa la necesidad de unificar criterios para toda la Comunidad Andaluza, diseñando los requisitos mínimos y comunes de un pliego base, que sirva para todos los ayuntamientos, porque ahora se están dando unas situaciones de agravios comparativos tremendas, que facilitan aún más la explotación de estas trabajadoras en algunos lugares.
Viendo la realidad de la situación, en la que una gran cantidad de personas solicitan el servicio, pero se les demora durante meses y meses, "podemos suponer, incluso, algo tan grave como que la Junta de Andalucía claramente está retrasando deliberadamente la concesión de los grados de dependencia 2 y 3, priorizando el reconocimiento del grado 1, que implica una atención domiciliaria de tan sólo dos horas semanales, ahorrándose, de este modo, una cantidad ingente de dinero".
Si esto acaba por salir a la luz, "estaríamos hablando de dejación y mala fe con las personas dependientes y con mayores necesidades".
Las representantes políticas han tomado buena nota de la reunión con la intención de hacer llegar a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba estas reivindicaciones, y todas están convencidas de que estas situaciones de injusticia no cesarán "hasta que algún día por fin este servicio se municipalice y se gestione desde lo público, como un servicio básico que es".
