Los grupos municipales de IU y Podemos llevarán al próximo Pleno del jueves una moción en la que instan al Ayuntamiento de Córdoba a sumarse a la solicitud de la Coordinadora Estatal de pensiones para que el Gobierno central realice una auditoría de la Seguridad Social, “que determine cuánto se ha saqueado a la hucha de las pensiones”, y proceda a reponerlo de cara a garantizar la sostenibilidad del sistema.
La necesidad de esta moción se debe a que "es un problema que afecta a la totalidad de la población cordobesa y de todo el país, tanto a jóvenes como a mayores, y queremos que este problema tenga su altavoz dentro del Pleno del Ayuntamiento", porque, además, "es la primera vez" que este asunto se presenta conjuntamente por todos los movimientos en defensa de las pensiones públicas, como son la coordinadora estatal, el movimiento andaluz y la plataforma cordobesa.
De igual modo, con esta moción se da un paso más en esa movilización constante y permanente, porque con ella se pretende "visibilizar los errores cometidos, reflexionar sobre el estado actual del sistema público de pensiones y plantear esa garantía de financiación y viabilidad", si bien en el Presupuesto del Gobierno ya asume "gran parte de esos gastos impropios de la Seguridad Social a través de otras fuentes de financiación".
En los últimos meses se ha asistido a la negociación del Pacto de Toledo y tanto IU como Podeos se han identificado con sus conclusiones, que suponen un paso "fundamental" para garantizar un sistema público de pensiones y, sobre todo, para su sostenibilidad financiera.
Las medidas recomendadas "acallan a quienes de forma permanente venían vaticinando la quiebra del sistema estatal de pensiones", ya que, entre otras cuestiones, mantiene la separación de las fuentes de financiación, cotizaciones e impuestos según la naturaleza de las prestaciones y "descarga" a la Seguridad Social de gastos impropios que pasan al Estado, tal y como se ha podido comprobar en últimos presupuestos del Gobierno central.
De igual forma, dan un "giro estratégico" para aumentar la financiación del sistema vía impuestos, asumiendo el Estado, a través de los presupuestos, los casos de insuficiencia en periodos de crisis y dando con ellos estabilidad a las pensiones públicas, aseguran el poder adquisitivo con el IPC de forma permanente por Ley, mejorando incluso las más bajas y las no contributivas, y recomiendan la derogación del factor de sostenibilidad que impuso el PP.
Además, las recomendaciones han tenido en cuenta a determinados sectores de la población que son especialmente vulnerables, la reducción de la brecha de género y la revisión de las pensiones de viudedad.
En definitiva, estas recomendaciones suponen un "compromiso de una amplísima mayoría parlamentaria con el mantenimiento de un sistema de reparto y solidaridad entre trabajadores y trabajadoras frente a quienes pretendían aprovechar la crisis del coronavirus para forzar su sustitución por sistemas de capitación individual".
