Los grupos municipales piden al Gobierno central financiación para convertir la N-432 en autovía A-81

Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba -PP, PSOE, Hacemos y Vox- han aprobado este jueves en el Pleno ordinario de julio una moción conjunta para pedir al Gobierno central disponer de la financiación necesaria para la conversión de la actual N-432 en la autovía A-81, además de que el Ejecutivo agilice todos los trámites para "no demorar más el proyecto", como son la tramitación ambiental, estudios de anteproyecto o alternativas de mejora.

Igualmente, los cuatro grupos han respaldado otra moción conjunta para la eliminación del cableado aéreo en el Casco Histórico, de manera que han instado al Ayuntamiento a iniciar contactos para el establecimiento de un convenio de colaboración con Endesa, Telefónica y otras empresas implicadas, así como otras administraciones competentes, con el fin de elaborar una auditoría de la situación actual para definir responsabilidades y plazos de ejecución del proyecto de soterramiento del cableado y las aportaciones que les corresponda hacer a las operadoras.

Asimismo, han apoyado crear un programa específico de subvenciones para 2026 en la empresa municipal Vimcorsa dirigido a la rehabilitación de viviendas en el casco histórico con la idea de incentivar y facilitar que por parte de los propietarios se aborde la eliminación del cableado aéreo priorizando las zonas de mayor impacto visual y patrimonial.

Por otra parte, los grupos han dado el visto bueno a una moción en apoyo de jueces, magistrados y medios de comunicación, instando al Gobierno central a promover medidas legales y constitucionales que refuercen la independencia del poder judicial, especialmente en lo relativo al sistema de nombramientos de los órganos de gobierno de jueces y fiscales, conforme a estándares europeos, y la creación de una mesa de trabajo con representantes del poder judicial, del Ministerio Fiscal, del Ministerio de Justicia y de las asociaciones profesionales, con el objetivo de alcanzar propuestas consensuadas para las reformas necesarias del sistema judicial, como es el acceso a la carrera judicial y fiscal.

Pero no ha salido adelante una moción del PSOE, con el voto en contra de PP y a favor PSOE, Hacemos y Vox, para que el Consistorio priorice todas las actuaciones necesarias para la actualización y mantenimiento del Alcázar de los Reyes Cristianos como uno de los museos más representativos de la ciudad.

Además, el PP ha aprobado, con el voto a favor de Vox y en contra de PSOE y Hacemos, una moción para condenar "los comportamientos machistas y degradantes" revelados en el caso 'Koldo' y exigir "coherencia a quienes presumen de feminismo en la vida política", tras rechazarse dos enmiendas del PSOE y Hacemos, y otra en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la misma votación, después de no prosperar una enmienda a la totalidad de PSOE y Hacemos.

Por contra, se ha rechazado una moción de Hacemos para pedir a la Junta de Andalucía "corregir el deterioro creciente de la sanidad pública, incrementar la financiación destinada a los centros públicos, aumentar las plantillas, las retribuciones de los profesionales sanitarios y cumplir los pactos firmados", con los votos en contra de PP y Vox y a favor del PSOE.

"Glamping de lujo"

Finalmente, el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha advertido que su formación podría adoptar medidas contencioso-administrativas contra la aprobación definitiva hoy en el Pleno de la instalación del Campamento Turístico Camp Bio 1en siete hectáreas de terreno no urbanizable junto al Guadalquivir y de especial protección agrícola.

Según Hidalgo, se trata de un "glamping de lujo" con 132 edificaciones, saneamiento, abastecimiento de agua y adosado al núcleo urbano, en lo que supone "una urbanización encubierta" que "no tiene cabida en el orden jurídico de la ciudad".

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico (PP), ha insistido, al igual que en la aprobación inicial, que el proyecto viene con todos los informes favorables técnicos, jurídicos y administrativos del Consistorio, hasta 14, e incluso de otros organismos, como es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). "Sería un delito penal si lo denegáramos", ha llegado a advertir.

Y ante la insinuación por parte de Hidalgo de que los informes dicen lo que dicen porque "sabemos quiénes los hacen y de que Administración son", Torrico ha señalado que sería "gravísimo que un político le dijera a un técnico en que sentido debería elaborar un informe técnico o jurídico" y ha asegurado que "este concejal no ha hablado con ningún técnico ni lo va a hacer nunca para orientar el sentido de ningún informe".

La aprobación definitiva del Camp Bio 1 salió adelante con los votos favorables de PP y Vox, la abstención del PSOE y en contra de Hacemos.