La provincia de Córdoba vio incrementado la cifra de sus empleados públicos dependientes del Gobierno central en 274 personas, al pasar de 7.944 en 2018 a los 8.218 del año 2021. Eso supone un incremento del 3,33% entre esos cuatro años.
Ésa al menos es la respuesta el pasado 12 de diciembre de 2022 a la pregunta formulada el 3 de noviembre de ese año por parte de los diputados socialista Antonio Hurtado, de Córdoba, y José Zaragoza, de Barcelona, en el sentido de ¿cuál es el aumento de empleados públicos que se ha producido entre los años 2018 y 2021 en la provincia de Córdoba?, y ¿cuál es la relación del aumento de empleados públicos de los distintos ministerios, organismos autónomos y sociedades mercantiles en la provincia de Córdoba?
No obstante y entrando al detalle de la respuesta gubernamental, se puede comprobar que ese crecimiento no ha sido homogéneo, e, incluso, en algunos departamentos se han producido reducciones de personal. Para ir al meollo de la cuestión hay que indicar que los incrementos se han notado más en las fuerzas armadas, al pasar de 3.277 a 3.541 trabajadores públicos, es decir un 7,45% (264 efectivos de subida); en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional), con 1.782 en 2018 y 1.909 en 2021, o sea un 6,65% (127 efectivos), o en la Administración de Justicia, con 188 trabajadores en 2018 y 197 cuatro años después, y una subida del 4,56% (nueve personas más).
¿Y dónde más han subido? Pues a nivel ministerial en Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde no había personal y ahora son cuatro; en Educación y Formación Profesional, donde tampoco había nadie y ahora son 199 trabajadores; en Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde no había personal y ahora tiene 25; en Interior, que en ese periodo pasó de 521 a 523 personas (dos más); en Justicia, al pasar de tres a cinco trabajadores públicos (otros dos más); en Política Territorial, donde no había personal y ahora se contabilizan 60, o en Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con 30 puestos de trabajo nuevos.
Dentro de los organismos autónomos dependientes del Ejecutivo central, suben en el Fondo de Garantía Salarial (el Fogasa), lo que indica al situación de crisis del país, de cinco pasan a seis; el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), desde los 182 de 2018 a los 199 de 2021, y en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad, muy necesitado también de personal, con cero empleados en 2018 y 57 en 2021.
Dentro de las agencias estatales, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha pasado de 154 a 195, es decir un 21% (41 efectivos). Dentro de las entidades públicas empresariales, en Renfe-Operadora hubo un incremento de una persona, hasta ser ahora dos empleados públicos. Y ya en el área de otros entes de derecho público, creció en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pasando de 252 a 255 (tres más).
Evidentemente, también se han producido recortes de personal. El más notable ha sido en el antiguo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, donde antes había 222 personas y ahora nada. Lógicamente se han transferido al nuevo Ministerio de Educación y Formación Profesional, pero como se ha visto anteriormente el trasvase supuso bajas: 23, en concreto.
Otra bajada se ha producido en el Ministerio de Defensa, con 87 en 2018 y 72 en 2021, o lo que es lo mismo 15 personas menos (un -17,24%). Bajó, igualmente, en Fomento, con 34 personas de caída; en Empleo y Seguridad Social, con otras 74 personas; en Energía, Turismo y Agenda Digital, seis personas más; en el Ministerio de Presidencia y Para las Administraciones Territoriales, con otros 67, y en Hacienda y Función Pública, donde en 2018 había 71 empleados y en 2021 bajaron a 68 (tres menos).
Hay que señalar que en el bloque ministerial, aunque se han cambiado las denominaciones, eliminando unos y generando otros, la diferencia global tiene saldo negativo, con 99 personas menos, lo que supone un descenso del 9,12%.
En cuanto a los organismos autónomos, donde también se produjo a nivel global un descenso de personal de 46 personas (una bajada del 4,88%), la Gerencia Informática de la Seguridad Social ni ganó ni perdió personal y permanece con 14 trabajadores y lo mismo ocurrió con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del estado (Muface), con 11 empleados.
No obstante, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (el Imserso) tuvo una merma de 12 personas, quedando con147 empleados en 2021; el Instituto Nacional de estadística también bajó en 14 personas hasta permanecer con 28 empleados en 2021; el Instituto Social de las Fuerzas Armadas se quedó dos empleados (y pierde uno); la Jefatura Central de Tráfico también redujo personal en 17 personas (un descenso del -30,35%); el Servicio Público Estatal bajó en 51 personas (un -20,31%), y la Tesorería General de la Seguridad Social experimentó una merma del -11,92%, es decir 26 personas menos.
Entre las entidades públicas empresariales, el ADIF bajó su personal en Córdoba en esos cuatro años en un 7,63%, con 230 empleados ahora. Finalmente, en Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo hubo un pérdida de siete trabajadores hasta que se han quedado en los ocho actuales.
