CUARTA BAJADA DESDE EL INICIO DEL MANDATO

El Ayuntamiento pretende bajar un 1% el IBI rústico, el impuesto de los turismos y las plusvalías de terrenos

El total de estas rebajas supondrá una reducción de recaudación de casi 700.000 euros

Salvador Fuentes con el borrador de ordenanzas fiscales para 2023 FOFO PATRICIA CACHINERO
photo_camera Salvador Fuentes con el borrador de ordenanzas fiscales para 2023 FOFO PATRICIA CACHINERO

Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de Córdoba negocia en estos momentos con la oposición, en este caso Vox, la bajada de los impuestos para 2023 en un nuevo borrador de las ordenanzas fiscales. Éste incluye una bajada de un 1% en el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza rústica, más conocido como IBI rústico. En este caso, el acumulado en lo que se lleva de mandato es de una bajada del 15,50%. 

Así, en opinión del concejal de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), desde el inicio de este mandado, el equipo de gobierno local se propuso acercar este impuesto a la media nacional, porque en Córdoba este impuesto era un 140% mayor que en el resto de provincias. "Queremos ayudar en un momento en el que la sequía se lo está haciendo pasar mal a agricultores y ganaderos y queremos colocarlos en la media ponderada nacional", ha insistido Fuentes. 

En segundo lugar, el borrador que se presentará próximamente a la oposición para conseguir apoyos, incluye también rebajas en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (turismos) con un 1% de bonificación, lo que hace que el acumulado en el mandato alcance ya el 8% en este apartado. Esta rebaja pretende "aliviar en lo posible los efectos negativos que esta teniendo el aumento del precio en el gasoleo y gasoil", ha explicado Fuentes. 

En cuanto a la reducción del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se propone una reducción de otro 1% en 2023 para llegar a un acumulado de 8,50% desde el inicio del mandato. 

Estas nuevas rebajas fiscales en las ordenanzas supondrán una reducción de recaudación que puede alcanzar los 700.000 euros. 

Este año no se toca ni el IBI urbano, que es el principal sostén de financiación de los ayuntamientos, ni las tasas que, por lo pronto, se quedan como están tras las bajadas que ya se hicieron con motivo de la pandemia por la Covid-19.