El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) va a aprobar el próximo miércoles la innovación del artículo 12.51 del Plan General de de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta a las salas de juego, por las que "estamos muy preocupados y que provocó mucha polémica", en palabras del presidente de la GMU, Salvador Fuentes (PP).
El último Pleno municipal dio un paso adelante para buscar una fórmula, pero dejando claro que no tenía mucho margen de maniobra y ya ciudades como Sevilla o Barcelona han dado el mismo paso para "atajar y aislar las salas de juego de los centros educativos" en la ciudad.
Básicamente, la innovación va a suponer que para abrir una nueva sala de juego se tendrá que hacer en los polígonos industriales o en las grandes superficies con un control legal encima. Y para ello, Fuentes ha avanzado que la innovación supondrá dejar claro que determinadas actividades, con la de las salas de juego no podrán levantarse en suelo residencial ni de equipamiento comunitario.
Tampoco pueden situarse a no menos de 500 metros de un equipamiento o centro educativos. De igual modo, se les exigirá que tengan aparcamientos, como ahora se les pide a las discotecas y salas de cine y con eso se complica mucho que se puedan poner en marcha nuevos negocios de este tipo en el casco urbano cordobés.
La cuarta y última innovación va relacionada con la compatibilidad de los juegos en bares y otras actividades similares, de modo que no podría nunca exceder del 20% de la superficie del local. En caso de que las máquinas conocidas como tragaperras sobrepasen ese porcentaje, el local pasara de inmediato a ser considerado sala de juego en lugar de local de hostelería.
Fuentes ha solicitado ya el apoyo de todos los grupos políticos en el Pleno para "llegar hasta donde podamos llegar dentro de las competencias municipales". Otra cosas es que la Junta y el Gobierno central "deben legislar y poner de su parte también".
El concejal de Urbanismo también ha puntualizado que no se trata de damnificar a los empresarios, pero sí de poner herramientas al servicio de la ciudadanía para que no se comentan abusos.
Los pasos a partir de ahora es aprobar en el consejo rector del miércoles el planteamiento inicial para llevarlo al Pleno. Luego se publicaría en el Boletín Oficial de la Provincias (BOP) y de inmediato se prorrogaría durante una año la moratoria por conceder licencias a este tipo de actividades.
El siguiente paso es que la Delegación de Salud emitiera un informe como ya lo ha hecho la Delegación de Medio Ambiente, con sus correspondientes 30 días de alegaciones antes de su aprobación definitiva con un informe ya definitivo por parte de Salud antes de pasárselo a la Delegación de Fomento aprobar la innovación y finalmente una vuelta al Pleno para que entre en vigor. "En total, un proceso de unos cinco a seis meses", ha señalado Fuentes.
Evidentemente la innovación afectaría a las salas que se quieran poner en marcha ahora, pero no a las que ya están funcionando y Fuetes ya ha desvelado que el empresariado de las salas de juego ha planteado en Urbanismo dos recursos tanto por la moratoria como por la modificación planteada, ya que estiman que el Ayuntamiento no cuenta con competencias para ello.
Y sí, se han planteado varias solicitudes que Fuentes ha dicho que estaño frenadas por la moratoria de las licencias publicada en el BOP en enero de 2020, especialmente en los barrios de nueva creación.
