"Desde que mataron a mi padre, no tuve ninguna esperanza de recuperarlo; fueron mis abuelos quienes se ocuparon de mí y de mis otros tres hermanos junto con mi madre, pero no lo hemos pasado tan mal, al menos en comparación con otros, que han estado mucho peor". Quien así habla es Antonio Cabello, hijo de uno de los represaliados y asesinados durante la Guerra Civil y el franquismo y cuyo cuerpo supuestamente está en el Cementerio de La Salud, donde esta mañana se han iniciado las catas para la futura exhumación de las víctimas.
Su padre era Antonio Cabello Almeda, una persona muy conocida en su día en Aguilar de la Frontera, donde llegó a ser el segundo teniente de alcalde en la primera Corporación republicana, constituida el 15 de abril de 1931. También se le nombró el 21 de marzo miembro de la Comisión Gestora Provincial (la Diputación), y precisamente asistió a la última sesión celebrada por la Institución provincial el 17 de julio de 1936, por lo que el estallido del golpe de Estado de Franco y la consiguiente Guerra Civil le sorprendió en la capital.
"Lo cogieron por socialista, nada más; no había otra cosa", señala su hijo. Ahora, después de que a Antonio Cabello, junto a otros tres ediles aguilarense y a su alcalde, José María León Jiménez, también represaliados en 1936, se les permitiera volver a ocupar sus cargos con carácter honorífico por parte del Ayuntamiento en 2013, el siguiente paso es recuperar su cadáver.
Mientras que su madre pudo llegar a los 88 años, su padre falleció con 36 años. "Él siempre ha sonado como desaparecido y, aunque no saben lo que le pasó, todos sabemos que fue fusilado después de pasar unos días en la cárcel, donde iba a visitarle un hermano suyo hasta que le dijeron que ya no estaba allí", señala el familiar de esta víctima, quien asegura que "los que no les gustan o les molesta este tipo de actos les diría que se pusieran ellos en mi lugar y que en lugar de ser mi padre que fuera el tuyo, a ver lo que pasaba".
Con él, en el cementerio de La Salud, también ha estado esta mañana Francisco Sánchez. En su caso, la represión se llevó por delante a su padre, dos tíos y dos tías. "En Córdoba están mis padres y dos tíos, y en Puente Genil, mis tías", relata. "Para mí, hoy es un día grande, pero sigo sufriendo muchísimo todavía, porque yo me quede sin padres con tres años, a pesar de que no tenían cargos políticos y se dedicaban a trabajar el campo sin meterse con nadie".
Todos ellos han participa,do de algún modo esta mañana en las catas. Unos con una pala, otros, con un eco, como es el caso de Antonio Deza, que a sus 83 años picaba la tierra como si la vida le fuera en ello. "Si por mí fuera seguía cavando hasta encontrarlos", pero sabe que el tiempo corre en contra y que la Ley de Memoria Histórica peligra con el nuevo Gobierno de la Junta. "Para todos los que nacimos en el 36 estos es sublime, porque pasamos tanta hambre, necesidades y miseria y la vida ha sido muy dura, pero ahora tenemos una esperanza enorme de poder coger sus restos, besarlos y darles una sepultura normal, noble y humana y no como los trataron, como a perros".
Por eso, según Antonio Deza, resulta inconcebible que un Estado moderno del siglo XXI pueda permitirse tener a tantos miles de personas en fosas comunes, en fosas perdidas o en cunetas". Sólo entre Córdoba, Sevilla y Huelva, donde se hacen intervenciones aprobadas con arreglo a la Ley, se contabilizan unas 12.000 personas. Para Antonio, "ya no va a haber fuerza humana que lo pare, porque es ya un problema ya de dignidad como nación y como estado". Además, "no se puede presumir de democráticos y de concordia dejando a más de 100.000 personas sin poder cerrar esta página tan mágica de nuestra historia".
Y si ellos han puesto el rostro humano y reconocible al sufrimiento familiar, por parte de las administraciones ha estado la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, quien ha recordado que se han presentado esta mañana los trabajos que se van a realizar en una parte de la parcela de San Ramón del Cementerio de Nuestra Señora de La Salud, con la idea de que "la ciudad salde esa deuda contraída hace más de 82 años con miles de cordobeses".
Las catas arqueológicas previas a la exhumación de los cuerpos son el acto visible de esa intención, en unos tiempos en los que "algunos pretende negar y otros pretenden difuminar el hecho que en esta ciudad se asesinaron a más de 4.000 personas a manos de los golpistas en 1936". Una cita, en definitiva, "con la verdad, con la justicia y la reparación hacia la memoria de esas personas" y de sus familias allí presentes.
Un trabajo que se hace posible gracias a la colaboración a tres bandas entre Ayuntamiento, Esto es posible gracias al trabajo de tres administraciones: El ayuntamiento de cordoba, la Consejería de Presidencia y Administración Local y Memoria Democrática de la Junta y el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Memoria, y que tiene como fin tanto la localización de las fosas comunes, como las individuales. "Ese trabajo previo, a cargo de un equipo técnico de reconocida solvencia científica con mucha experiencia, nos va a decir si es posible o no iniciar el proceso de exhumar posterior", ha añadido la regidora.
Por su parte, Elena Vera, responsable del equipo técnico encargado de esta labor, ha explicado que se ha escogido el Cementerio de La Salud por ser el que menos transformaciones ha tenido a lo largo de los años. Por contra, en San Rafael la cosa se habría complicado más. Concretamente, en La Salud se ha optado por una zona, el cuadro de San Ramón, con enterramientos individuales, "aunque nos tememos que no los sean tanto", y también sobre la fosa común, donde "se va a buscar e indagar para saber cómo están las fosas antes de proceder a la exhumación de los restos".
Por tanto, el primer paso será determinar el numero de personas que pueden estar allí y la forma en que fueron enterrados, ya sea con ataúdes directamente arrojados a la tierra, además de averiguar cómo murieron (fusilamiento o tipo de gracia). También se va a trabajar sobre la fosa de 1936, "cuando se enterraron un mayor numero de personas en La Salud". Eso supondrá un par de meses de trabajo de campo, antes de elaborar los informes pertinentes con los resultados.
Para ello, Vera ha sugerido que se recojan cuanto antes las muestras de ADN de los familiares para cotejarlos con los restos, pero "ha de ser lo antes posible para si se mueren los mayores a fin de que puedan guardarse en un banco de datos".
También, en representación de la Administración andaluza, la delegada, Esther Ruiz, ha indicado que este acto "certifica la apuesta del Gobierno andaluz por una política que se ha consolidado en Andalucía". Según la responsable, estas catas pueden llevarse a cabo porque previamente hubo un informe que aportó conclusiones basada en la investigación histórica y documental previa sobre La Salud y San Rafael, "con las posibles ubicaciones de la fosa, análisis y estudios de datos obtenidos por investigadores previos para establecer conexiones de lugares físicos".
Lo que va a pasar ahora es la puesta en marcha de trabajos de tipo arqueológico y antropológico forense, con retirada de material y acondicionamiento del espacio, que incluye un perimetraje de los enterramientos colectivos, catas y sondeos de localización.
Eso, a pesar de la amenaza que se cierne sobre la Ley de Memoria Histórica. "Nadie es ajeno a la situación política actual y la incertidumbre política es evidente", ha indicado la alcaldesa. Pero "tampoco sería justo ni lógico que después del trabajo durante muchos años de todas las instituciones, todo esto desapareciera".
En esté sentido Ambrosio ha adelantado que el viernes llegará a Córdoba el director general del Ministerio de Justicia, "y vamos a intentar establecer un espacio de colaboración de manera que si, desgraciadamente, el nuevo Gobierno andaluz no se hiciera cargo de las tareas que nos obliga el cumplimiento de la ley, poder hacerlas desde el Ayuntamiento con la base de datos que ya tiene la Delegación del Gobierno y con la colaboración del Ministerio".
