La Fiscalía Provincial de Córdoba informa de la incoación de "unas diligencias informativas al objeto de delimitar el problema" sobre la prestación de recursos a personas mayores y psicodeficientes por parte de instituciones, como el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, en cuanto a la cobertura de plazas y atención, entre otras peticiones.
Según expresa el Ministerio Público en su memoria anual referida a 2019, la mayor parte de escritos y visitas que recibe la Fiscalía a tal efecto tienen en su origen en "el reenvío por parte de Servicios Sociales y de Salud Mental".
En concreto, detalla que "por parte de Servicios Sociales, ante la insuficiencia de recursos asistenciales -para personas mayores, para psicodeficientes- y la existencia de abultadas listas de espera, se ha extendido la mala práctica de remitir la cuestión al ámbito judicial en el sentido de transmitir a los peticionarios de recursos que dichas plazas se darán a instancia de Fiscalía o de los jueces".
Ello ha obligado al Ministerio Público a "trasladar a las autoridades de este campo lo equivocado y pernicioso de esta indicación y lo han entendido", pero "los trabajadores sociales aún siguen esta recomendación", apostilla.
Al respecto, según se apunta en la memoria, "por parte de Salud Mental lo que ocurre es que la desatención de los pacientes mentales graves que no presentan vinculación a los tratamientos hace que sus familiares/allegados acudan a la Fiscalía en busca de amparo, que no se les puede prestar en la medida en que se trata de decisiones que pertenecen a la política y organización sanitaria, que, por otro lado, no ha legislado nada al respecto", por lo que "no se puede exigir el cumplimiento de ley concreta, sino de protocolos y principios generales", aclara.
En este sentido, el Ministerio Público resalta que ha dado "visibilidad a este problema a través de los medios de comunicación", al tiempo que comenta que "la consecuencia de la inflación de comunicaciones y visitas es que en algunos casos no puedan ser todas atendidas".
En este caso, subraya que "se actúa con pretendidos criterios de preferencia en razón de la gravedad", mientras que "en algunos casos, se deriva a los peticionarios al Colegio de Abogados, al objeto de que puedan utilizar el servicio de orientación jurídica", según se señala.
