FACUA Córdoba ha denunciado nuevamente ante la Inspección de Transportes de la Junta a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona la Estación de Autobuses de la capital, integrada por las empresas de transporte de viajeros Alsa, Sepulvedana y Socibus, que explotan en concesión la citada estación desde el año 2014, por el deficiente servicio de vigilancia que mantiene en dicho recinto.
La asociación de consumidores ha tenido conocimiento de que en el recinto sólo se mantiene un vigilante jurado correctamente habilitado por la noche. Por el contrario, durante toda la mañana y la tarde, cuando la estación está a pleno funcionamiento y llena de viajeros, apenas existen varios controladores, esto es, personal que no está cualificado para realizar las tareas de vigilancia y que, en consecuencia, no podrían actuar ante cualquier incidencia relacionada con la seguridad.
En este sentido recuerda que esto incumple lo recogido en el Pliego de Prestaciones Técnicas de la Estación de Córdoba de 2013, que se detalla en la licitación de la Junta de Andalucía en el punto 12. En el mismo, se establece que la “vigilancia se realizará por medios de vigilantes juradosdebidamente reconocidos, y teniendo la formación suficiente en trabajos similares a las estaciones de autobuses”. FACUA recuerda además que en el citado pliego se establece que “la responsabilidad de la prestación del servicio de los vigilantes de la Estación de Autobuses de Córdoba es de la empresa concesionaria”.
Además, resalta que ya denuncio el pasado 20 de marzo el incumplimiento de esta UTE en el apartado A.1-3.C de dicho Pliego, donde se establece que "el kiosko de información deberá estar atendido por una persona formada durante todas las horas que la estación esté prestando servicio al usuario”.
FACUA Córdoba lamenta y denuncia una vez más la inacción de la Inspección de Transportes adscrita a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta que, en una clara dejación de sus funciones inspectoras, está permitiendo la vulneración de los derechos de consumidores y usuarios al no garantizar el cumplimiento de las obligaciones a la empresa concesionaria de la estación y no sancionar a la misma conforme a la legislación vigente.
